El 60% de los alquileres no se declaran y el importe oculto alcanza los 1.800 millones - Noticias.com

Ene 1, 2010 | Noticias

El informe de Gestha, elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cifra en más de 1.800 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.

Según Gestha, otros arrendamientos más propensos a registrar irregularidades son los alquileres "de temporada", especialmente los situados en las localidades costeras y los protagonizados por los sectores socioeconómicos “menos favorecidos”, como son los inmigrantes o los estudiantes, cuyo domicilio suele ser provisional.

Asimismo, otros arrendamientos susceptibles de irregularidades, aunque en menor medida, son los relacionados con el alquiler de segundas residencias o de fines de semana, “viviendas aparentemente desocupadas pero que, en realidad, esconden alquileres no declarados”, considera Gestha.

Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que el 82% del fraude por alquileres no declarados se concentra en Cataluña, Madrid, Andalucía, Islas Canarias, Valencia y Baleares. Por otro lado, según el estudio, los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a la Hacienda Pública se localizan principalmente en Extremadura, donde casi el 78% de las viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente.

Medidas para combatir el fraude

Ante esta situación, el informe de los Técnicos de Hacienda considera "prioritario" que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.

En particular, el estudio propone que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.

En segundo lugar, plantea modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días, los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar la demanda de desahucio por falta de pago de las rentas. Este colectivo propone que en este caso, la orden de lanzamiento se expida junto con la sentencia.

Asimismo, el informe de Gestha estima necesario que los juicios rápidos sean "realmente rápidos", por lo que el Ministerio de Justicia debería aumentar el número de juzgados necesarios para que tanto la vista, como la sentencia de desahucio por falta de pago de las rentas y el lanzamiento fueran realizadas en otros quince días.