- Fuente: Publico
El PP sí acelera la renovación del Constitucional desde el Gobierno
Ahora sí. Una vez que los conservadores han llegado al Gobierno sí se comprometen a ampliar los contactos con los diferentes grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo sobre la renovación del Tribunal Constitucional "a la mayor brevedad posible", algo algo que lleva paralizado en buena parte por el PP desde hace años.
No ha sido la única promesa que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha realizado durante su intervención ante la Comisión Constitucional del Congreso. Ha hablado sobre la Ley de Transparencia, la reforma del Código Penal para tipificar como delito las malas gestiones de los recursos públicos o de la posibilidad de un cambio de votación para la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
También ha reconocido que son urgentes otros nombramientos que se tienen que consensuar en instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de RTVE pero que están pendientes desde hace tiempo, lo que "no es ejemplar", y ha asumido la parte de responsabilidad que le toca al PP en este caso.
Al hablar del Constitucional, Santamaría ha confirmado que se han reiniciado los contactos y ha admitido que la renovación del tribunal es "imprescindible a corto plazo". Asimismo, ha subrayado que el reto del Gobierno es que se recupere "por completo" su prestigio, "deteriorado" en los últimos años, y que se devuelva "la centralidad a su primigenia función", la de velar por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico. Ha recordado que la intención del Gobierno es una reforma, que remitirá a las Cortes en una Ley Orgánica, en la que, por un lado, se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía.
Y por otra parte, en la reforma se redefinirá el recurso de amparo, "para evitar que convierta en una instancia jurisdiccional más", y para que cumpla su objetivo original de proteger "rápida y efectivamente los derechos fundamentales de los españoles". Lo que, ha subrayado, no impedirá que el Gobierno busque "nuevas fórmulas" para el nombramiento de sus miembros, que aporten "una mayor estabilidad" a la institución y que la hagan menos dependiente de las coyunturas parlamentarias.
Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Sáenz de Santamaría ha anunciado que será remitida al Congreso de los Diputados antes del verano. De ese modo, los conservadores hacen suyo un compromiso que el PSOE ya llevaba en su programa electoral.
La norma, entre sus objetivos, permitirá a los ciudadanos conocer cuánto cobran los altos cargos, [...]
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