El "zulo" de Ángel de Cabo en Valencia: Coches, cajas fuertes y animales disecados

Dic 2, 2013 | Cinco Días


El pasado 15 de enero un subinspector de policía y un funcionario instructor en la declaración de detenidos en la operación Crucero, que llevó a la cárcel a Gerardo Díaz Ferrán y a Ángel de Cabo, entre otros, el 3 de diciembre de 2012, se trasladaron a la finca El Sauceral, en Toledo, propiedad de Gonzalo Pascual, socio de Díaz Ferrán en Grupo Marsans. Querían confirmar lo que uno de los detenidos en el marco de la operación que investiga presuntos delitos cometidos relacionados con la quiebra de la compañía de viajes había contado pocos días antes: que Ángel de Cabo ordenó la realización de un inventario fotográfico de todos los bienes ubicados en fincas y propiedades de los antiguos dueños de Marsans. “De Cabo decidió contratar camiones góndola para cargar todos los bienes muebles y maquinarias que había en las fincas y en las propiedades de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, para llevarlos a Valencia”, declaró, según consta en informes policiales a los que ha accedido este diario.


Lo que la policía estaba demostrando era lo que los investigadores sospechaban desde hacía meses. Que la transmisión acordada en mayo de 2010 de Grupo Marsans entre Díaz Ferrán y Pascual a De Cabo ocultaba una operación fraudulenta. Prácticamente al mismo tiempo de acordar la transmisión de la compañía, Marsans se declaró en concurso de acreedores. El acuerdo, según las investigaciones judiciales, lo que perseguía en realidad era que De Cabo mantuviera fuera del alcance de los acreedores de Marsans los bienes de Díaz Ferrán y Pascual.


El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco explicó en un auto dictado tras la detención del expresidente de la CEOE y De Cabo que de “la investigación policial se desprenden numerosos y marcados indicios” de que Díaz Ferrán y su socio en Marsans, Gonzalo Pascual, fallecido en 2012, “acordaron con De Cabo Sanz una estrategia para alzarse con sus bienes y eludir las responsabilidades de una serie de procesos en las que su grupo empresarial se hallaba inmerso”.


El encargado de la finca de Toledo confirmó lo que había declarado el colaborador de De Cabo. Dijo que en verano de 2010 Gonzalo Pascual comunicó a los empleados de la finca que a partir de entonces pertenecía a un subordinado de Ángel de Cabo. En enero de 2011 esta persona del equipo de De Cabo informó al personal empleado de la finca que ante la necesidad de pagar las nóminas atrasadas se veían obligados a vender los enseres, muebles y trofeos de caza.


Los investigadores pudieron identificar en el trabajo fotográfico realizado por los empleados de la finca de Toledo los objetos que habían encontrado en una nave de Valencia, situada en el polígono industrial El Oliveral de Ribarroja de Turia. Cientos de animales disecados, patas, colmillos y también una cabeza de elefante, ordenadores, cajas fuertes, coches de gama alta...


Tras la detención de Ángel de Cabo se registro su domicilio y se realizó reportaje viodeográfico de todas las dependencias de la vivienda. La policía obtuvo evidencia de que en ese domicilio se encontraban también efectos retirados de El Sauceral, entre otros una escultura de niño a caballo y varios colmillos de elefante de gran tamaño.


Los intentos de ocultar o desviar patrimonio de los anteriores propietarios de Marsans continuaron incluso después de la detención de Díaz Ferrán y De Cabo. En enero de este año la representación legal de las empresas Meliá Hoteles, Viajes Iberojet y AC Hoteles, que denunciaron presunto delito de alzamiento de bienes, advirtieron al juez de la Audiencia Nacional que De Cabo continuaba desde prisión dirigiendo una organización delictiva. “Aunque los señores De Cabo y Díaz Ferrán, entre otros imputados, se encuentran actualmente en prisión provisional, ello no es óbice para que la organización criminal del señor De cabo siga desplegando su actividad delictiva en perjuicio de sus acreedores a través de testaferros y compañías todavía existentes y operativas”, afirmaron en un escrito.


Las empresas denunciantes explicaron que en el “vaciamiento” de Trapsa, una de las empresas controladas por Díaz Ferrán y Pascual, se traspasaron a otra empresa concesiones de explotación de instalaciones deportivas. “La realidad es que actualmente”, manifestaban, la empresa a la que se le traspasaron esos activos, administrada por un testaferro de De Cabo, “gestiona al menos once centros deportivos que reportan pingües beneficios a la organización delictiva que el señor De Cabo sigue dirigiendo desde prisión”.


Mañana se cumple un año desde que Díaz Ferrán, De Cabo y colaboradores de este fueran detenidos y encarcelados. Los acreedores de Marsans siguen preguntándose cómo es posible que el mayor grupo de viajes de España, una empresa centenaria, que facturaba cientos de millones de euros pudiera quebrar, ir a liquidación y dejar a los acreedores sin un euro devuelto.





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