Economía

Sara Aguareles.- ¿Qué ha sucedido para llegar a esta situación?
 
Albert Vergés.- El problema de las prestaciones de jubilación es que se hicieron con unos cálculos que hoy ya no son vigentes. Cada vez hay más personas mayores de 65 años, y por tanto más posibles pensionistas que se pagan con impuestos de cada vez menos trabajadores. El problema es la proporción: tener que pagar más, con el mismo dinero disponible.

S.A.- ¿Qué proponen ustedes para solucionar el problema?

A.V.- Hay distintas soluciones. En Alemania, por ejemplo, han aumentado la vida laboral hasta los 67 años. Alargando estos dos años a cada trabajador, han calculado que su sistema de pensiones será sostenible por lo menos durante cuarenta o cincuenta años más.

S.A.- Por lo tanto, es una medida que funciona…

A.V.- Como mínimo parece adecuada, sí. Pero hay que hacerlo de una manera gradual, con varios periodos de aplicación, etcétera… Pero sí, creemos que sería una buena propuesta.

S.A.- ¿Qué papel juega la administración en todo esto?

A.V.- Hay un elemento clave en todo esto: no podemos pensar siempre que la administración debe resolver todos los problemas de los ciudadanos. Su función es administrar el dinero de los ciudadanos de la mejor manera posible, y por tanto lo que le pedimos es que actúe de manera que los ciudadanos tomen consciencia de la necesidad de ahorro y previsión. Poder vivir más años es fantástico, pero siempre y cuando lo hagas con calidad. Hay que poner más recursos para que tanto la administración como los ciudadanos consigan este objetivo.

S.A.- Cuando, en España, no es que seamos precisamente ahorradores…

A.V.- Exacto. En el estudio de la Universidad de Barcelona se ha puesto de manifiesto que el ahorro de las personas mayores en dinero contante y sonante es mínimo, mientras que atesoran un buen patrimonio en vivienda.

S.A.- ¿Ahí es donde entran las entidades financieras?
 
A.V.- Las entidades financieras son conscientes de ciertas situaciones como ésta, y digamos que se van adaptando poco a poco. En el tema de la vivienda, por ejemplo, habrá una nueva ley que regula el mercado hipotecario, y que reconoce ciertos productos nuevos como el de la hipoteca inversa, que tiene como objetivo crear seguridad al propietario y a la entidad financiera. También se están incentivando ventajas de tipo fiscal, como la rebaja de impuestos sobre la vivienda para beneficiar a las personas mayores.

S.A.- ¿Qué papel juega la inmigración en todo este contexto?

A.V.- Es evidente que nuestro país tenía necesidad de mano de obra para cubrir puestos que no se podían cubrir con nuestros índices de natalidad. El efecto de la inmigración hace que la proporción entre el sector envejecido y el laboralmente activo, se equilibre un poquito.

S.A.- ¿Pero no es suficiente?

A.V.- Definitivamente no. La inmigración no podrá resolver el problema demográfico en España. Es necesario que se realicen políticas que incentiven la natalidad con urgencia.

S.A.- ¿Cómo la que ha propuesto el Presidente del Gobierno referente a los 2.500 euros por hijo?

A.V.- Esta medida no fomenta la natalidad, porque no creo que nadie vaya a decidirse a tener un hijo porque el gobierno le ofrezca 2.500 euros… Esta es una medida útil siempre y cuando vaya acompañada de políticas familiares que realmente favorezcan una mayor natalidad. Sino, es pura campaña electoral.

S.A.- Volvamos a la inmigración…

A.V.- La inmigración es una ayuda, como decía, pero no la solución. Además, hay que tener en cuenta que hay que ser ordenados y tener en cuenta que no necesitamos todo tipo de inmigrantes.

S.A.- ¿Y qué tipo necesitamos?

A.V.- Por ejemplo, con la ley de dependencia que entró en vigor recientemente, se calcula que habrá 300.000 nuevos puestos de trabajo de atención a personas necesitadas. Y resulta que en España hay pocos perfiles cualificados para estos menesteres. Ahí es donde encaja una de nuestras propuestas, que consiste en detectar las necesidades del mercado de trabajo español, y ofrecer formación específica en otros países para luego “importar” estos trabajadores cualificados que ya vendrían con un trabajo disponible. Aún así, estas personas vendrían con hijos a quien hay que educar, tendrían derecho a la sanidad pública como ciudadanos españoles, y poco a poco traerían también a sus padres para reagrupar la familia, con lo que también tendríamos a más personas mayores. En conjunto, y para resumir, todo tiene diversas lecturas, y todo tiene implicaciones en el estado del bienestar.