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Estela San José contra Pepe Blanco
Las primeras diligencias de la causa contra el ex ministro José Blanco en el Tribunal Supremo ya permiten extraer una conclusión provisional: la jueza Estela San José, titular del juzgado de instrucción número 3 de Lugo, comienza a reunir las condiciones para ser candidata a ocupar, cuando llegue la ocasión, un sillón en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sigue los pasos de otros magistrados premiados con ese honor en causas altamente politizadas.
Si hay alguna seña de identidad que define la conducta de Federico Trillo, actualmente en espera de destino, y de su partido, es que saben promover a los magistrados/magistradas que hacen méritos evidentes. El PSOE, en cambio, el de Zapatero y Rubalcaba, cuando llega la ocasión crucial aparta a José Antonio Alonso, el hombre que negoció la constitución del CGPJ en el verano de 2008, y deciden colocar al frente del CGPJ a Carlos Dívar "una operación para coger con el pie cambiado al PP".
Ayer, el periodista José Manuel Romero, apuntaba en el diario El País, que el empresario Jorge Dorribo "engañó a la juez [San José] para endosar un cohecho a José Blanco". Así, apunta que "Dorribo aseguró a la juez que tenía un documento que probaba que había sacado 150.000 euros de un banco andorrano a principios de febrero de 2011 para sobornar a Blanco. Ese dinero, según la documentación en poder de un juzgado de Andorra, fue para pagar las deudas de una farmacia situada en el principado".
Veamos. ¿No es más cierto que la juez San José decidió ignorar cualquier diligencia que "le estropease la buena noticia" de enviar la causa al Tribunal Supremo, el pasado 3 de octubre, un día antes del inicio de la campaña electoral del 20-N? Pue sí, eso es más cierto.
Veamos cómo lo hizo. A iniciativa del fiscal, la juez había solicitado un informe pericial sobre la contabilidad de las empresas que presuntamente habían realizado y recibido los pagos declarados por el inculpado Dorribo a Blanco y a su primo, Manuel Bran, empresario de instalaciones eléctricas.
Pero la juez estaba en una carrera contrarreloj. Y solicitó informe al fiscal sobre la competencia. Habida cuenta de que Blanco era, y es, aforado, era competencia del Supremo.
El fiscal de Lugo confirmó que era así, pero añadió que un perito judicial estaba elaborando su informe sobre los apuntes contables según los cuales se podía acreditar si Dorribo decía la verdad. [...]
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