Gobernanza en la educación. La construcción de un modelo educativo para nuestra sociedad

Nov 28, 2005 | Noticias


Gobernanza en la educación. La construcción de un modelo educativo para nuestra sociedad

Rosana Lecay

Actualizada: 28/11/2005

Al Dr. Carlos Haefner, un maestro, un amigo que al tratarme como colega, contribuyó a la recuperación de mi autoconfianza...

Por Rosana Lecay[1]

 

     

“La tragedia del excluido cultural, en los casos más extremos, es que las víctimas

 

de esta exclusión no son conscientes acerca de aquello que necesitan.”

 

Emilio Tenti Fanfani

 

 

1.       Los modelos de sistemas educativos

 

“La política no debe tratar de vengar el mal realizado, sino de cuidar que no se produzca.” Otto von Bismarck

 

 

            No existen aún, muchos trabajos que aborden la relación entre gobernabilidad democrática y sistemas educativos, la mayoría de ellos hacen poca referencia al impacto de la educación en la gobernabilidad de la educación. Parece evidente la importancia de hallar la relación entre la enseñanza y la gobernabilidad, lo cual acercará elementos importantes en la selección del sistema educativo para la actual sociedad.

 

            El concepto de gobernabilidad surge con fuerza en la década de 1970 para referirse a los problemas que experimentaban las democracias para afrontar las crecientes demandas sociales. Dada la amplitud de los temas que abarcaba , la discusión fue derivando hacia el estudio de la legitimidad de los sistemas políticos. El tratamiento de este tema, centra su atención en la búsqueda de los mecanismos que permitan garantizar a los gobiernos democráticos el logro de los objetivos propuestos en un medio complejo, cambiante y con grandes contradicciones. Creemos importante analizar la aportación de la educación a la gobernabilidad democrática y la gobernabilidad de los sistemas educativos.

 

            Es posible encontrar  trabajos que abordan la aportación de la educación a la gobernabilidad de los sistemas educativos desde dos aspectos diferentes. Por un lado, aquellos que su interés se centra en los valores y actitudes favorables a la democracia que la educación transmite. Por otro lado, otros autores, se refieren a la influencia positiva de la educación en el sistema productivo y sobre ciertos elementos capitales del sistema político, como la participación ciudadana  o la formación de élites.

 

            La correspondencia entre sistema político y escuela y, entre educación y democracia, ha sido señalada por diversos autores, quienes comparten el punto de vista de que la educación hace aportes positivos a la consolidación y funcionamiento de la democracia cuando no se limita sólo a la trasmisión de conocimientos o aptitudes, sino que avanza hacia la difusión de valores y actitudes considerados necesarios en un sistema democrático (respeto por la libertad y dignidad humana, tolerancia, respeto a las diferencias culturales y religiosas). En este sentido, la escuela que permite el fortalecimiento del sistema democrático es aquella que abre las puertas a la participación política, a la formación de juicios críticos y a la identificación con valores e instituciones democráticas (Sánchez, s/f).

 

            Sin duda, existe consenso en cuanto a que, la educación permite la socialización política, sin embargo, la controversia se da en la forma en que ésta socialización debe tener.  Estas posturas son denominadas por Leonardo Sánchez como “comunitaria”, “neutral liberal” y “libertaria”.

 

            Mientras que la posición comunitaria sostiene que el sistema educativo debe transmitir de forma universal los principios y valores de los que está imbuido, sin detenerse a considerar creencias particulares, la neutral liberal es partidarias de un carácter más neutral del sistema educativo, en el que, respetando diferentes formas de pensar, se presenten diversos puntos de vista para que el alumno escoja por sí mismo. En este segundo caso, la socialización se dará por dos vía: a través de la trasmisión de valores comunes y por la exhibición de diferentes alternativas y el aprendizaje a partir de la libertad de elección. La posición libertaria considera que el sistema educativo debe tomar en cuenta la libertad de los padres para escoger el tipo de educación que crean convenientes para sus hijos, en este caso, trasmisión de valores democráticos se da a través de las propias iniciativas sociales y no por los contenidos educativos impuestos por el Estado.

 

            Quienes sostienen la posición comunitaria, aseguran que el sistema educativo es un elemento fundamental en la construcción de la cohesión política, al desempeñar la función de difusor de los valores y creencias que deben ser compartidos por la sociedad. Bajo este punto de vista, las instituciones públicas deben asegurar que estos valores son efectivamente transmitidos a la comunidad, y las creencias antagónicas quedarán fuera de la enseñanza. La escuela republicana, caracterizada por su laicidad y el ideal de nación, se convierte en el espacio para integrar a los alumnos que aprenden el respeto a los valores comunes. Comparte esta postura el liberalismo anglosajón, que considera, que los valores que debían inculcarse a la clase trabajadora y que debían construir la base de la sociedad, eran los de la clase media meritocrática. De esta forma, al existir valores comunes en toda la sociedad, la democracia nunca se convertía en un trastorno social (Fernández, citando a Mill).

 

            La escuela pública, como aglutinadora de todos los ciudadanos, fue el medio de inclusión ciudadana y nacional en los Estados Unidos, permitiendo  la integración masiva de inmigrantes a través de la inculcación de valores patrióticos y virtudes cívicas. Si entendemos la democracia  como un régimen de participación ciudadana, la educación deberá garantizar la formación de sujetos políticamente activos, con conciencia social y espíritu crítico, una formación que no sólo se enfoque a la  trasmisión de conocimientos puros sino también a la resolución de problemas[1]. Los aspectos fundamentales considerados por la educación democrática  son las formas cooperativas de aprendizaje, que dejen de lado la formación individualista y la enseñanza de un lenguaje común para que de cohesión a la comunidad.

 

            La educación comunitaria elimina del sistema educativo algunas creencias que son consideradas antagónicas a los ideales y valores que se persiguen para lograr la socialización democrática. En particular, este punto fue criticado por quienes consideran que el sistema educativo deber tener un carácter más neutral y menos impositivo de esquemas morales o ideológicos, de manera que, incluya a sectores sociales que pueden sentirse identificados con las ideas que la educación comunitaria desecha. La posición “neutral liberal” se puso al frente de esta crítica, abanderando la imparcialidad del sistema educativo que sostiene el respeto a todas las creencias, pensamientos y culturas diferentes, permitiendo una elección libre.

 

            La “neutralidad liberal” intenta dar respuesta  a la educación de una sociedad plural y multicultural, proponiendo que no se debe inculcar la superioridad de una creencia sobre otras y presentando al alumno una diversa gama de alternativas para que puedan escoger a cual de ellas adhiere fomentando el aprendizaje de la libertad de elección. Algunos autores se oponen a esta visión porque consideran que fomenta el “relativismo y el escepticismo” y que la escuela democrática no puede dejar de inculcar ciertos valores positivos, como la libertad, o rechazar otros, como el racismo[2].

 

            Algunos autores tratan de establecer una posición intermedia entre la trasmisión de valores democráticos y la libertad individual. Según Rawls (1996), en la sociedad actual conviven “doctrinas comprehensivas”, o sea diferentes posiciones respecto a los problemas de la sociedad o a la forma de visualizar el mundo, que pueden generar divisiones tanto morales como ideológicas en la sociedad. Para Rawls la educación no debe dejar de lado la enseñanza de las virtudes del liberalismo político, con un programa que permita incorporar a los alumnos como “miembros cooperativos” de la democracia, lo cual debe ser compatible con un grado importante de libertad para enseñar otros puntos de vista que no sean antagónicos a los principios de igualdad, libertad y oportunidades. La educación debe asegurar el diálogo democrático y la convivencia entre individuos, más allá de las ideas morales o religiosas que tengan en el ámbito privado. Por ello, las doctrinas comprehensivas no deben tener carácter de “fundamentalistas”, sino que su universalidad debe tener la flexibilidad suficiente para que les permita convivir con los principios morales de la justicia política. Este condicionamiento convierte a la postura de Rawls  en útil sólo para sociedades “no excesivamente“ pluralistas, y no tan útil en aquellas sociedades con divergencias religiosas o políticas muy marcadas.

 

            La última posición llamada “libertaria” o “pluralismo segmentado” es sostenida por el liberalismo radical, sosteniendo que el Estado debe disminuir su actuación y regulación de manera que la sociedad se organice  libremente.

 

                        Entre los proponentes de esta postura está Friedrich von Hayek (citado por Sánchez) quien admitía la necesidad de la obligatoriedad y financiación total por parte del Estado, lo cual aportaba beneficios múltiples a la comunidad; sin embargo, no compartía la idea de que los contenidos de la educación debieran ser propuesto por el Estado, dado el peligro de que los burócratas impusieran ideas o valores propios como teorías irrefutables, contenidos que podían no ser aceptados por alguna parte de la sociedad. Considera von Hayek que los ciudadanos no deberían pagar por la educación privada, cuando los contenidos de la pública no fueran de su agrado, dado que ya financiaron en su totalidad la escuela del Estado[3].

 

La relación que existe entre la educación y el desarrollo económico ha sido tratada por diversos autores, concluyendo que la inversión en educación redunda en incrementos en la productividad asimilables a las inversiones en capital físico. Las investigaciones al respecto permiten confirmar que una mayor cobertura de la educación favorece la modernización económica[4].

 

A pesar de que el desarrollo de la modernización económica no implica necesariamente mejor gobernabilidad del sistema política, ya que la relación entre estas dos variables es más compleja, parece obvio que el desarrollo económico permite solidificar la democracia.

 

Por otro lado, también se ha estudiado la relación entre el grado de desarrollo político[5] y la educación. A pesar de la enorme diferencia en los sistemas educativos de los países estudiados, se puede constatar que el nivel educativo impactaba de manera positiva en la capacidad para progresar en la socialización política, la formación de élites gobernantes y la reducción de las desigualdades entre los distintos grupos sociales, étnicos o geográficos (Sánchez). Si bien la función de la escuela como mecanismo de socialización política es capital, no se puede negar que existen otras instituciones que también colaboran en esta función, tales como la familia y los medios de comunicación, y se deber evaluar el peso de cada una de ellas en el cumplimiento de este objetivo.

 

Deben destacarse las posturas defensoras del papel del mercado en la educación que surgen a mediados de la década de 1970, que cuestionan el papel del Estado como proveedor de servicios públicos. En esta línea se encuentra el estudio realizado en escuelas de Estados Unidos que sostiene que ha habido una disminución en la calidad y capacidad formativa de alumnos de las escuelas con control democrático (Chubb y Moe, citados por Sánchez). La razón es, que el buen funcionamiento democrático permite la discusión entre políticos, grupos ideológicos, maestros, administradores, padres, alumnos, editores de libros, e inevitablemente, siempre hay un grupo que impone su punto de vista, que puede no satisfacer plenamente al conjunto de actores del sistema, o bien se impone por procedimientos burocráticos, lo que hace al control democrático ineficiente para gobernar al sistema. Se impone entonces, de acuerdo a esta postura, una solución de mercado, en la que cada escuela determina sus programas educativos y pacta con los padres de familia, entendiendo que esta autonomía sólo estaría limitada por el respeto a ciertas garantías constitucionales, como la no discriminación.

 

Este punto de vista, recibió criticas que sostienen que la solución de mercado para  el sistema escolar trae aparejado desigualdad y discriminación (Ranson, citado por Sánchez), pues se repiten las desigualdades ya existentes[6]. La eliminación de los mecanismos de decisión colectiva provoca la anulación de la discusión sobre valores y necesidades del sistema educativo así como la rendición de cuentas.

 

A su vez, otros autores consideran que si oferta es auténticamente libre entonces, no se restringirá la educación de calidad a grupos privilegiados, y que, es posible el debate racional acerca de valores y necesidades a pesar de la introducción de mecanismos de mercado.

 

Un vez expuestos los pros y contras acerca de cada punto  de vista de la gobernanza de los sistemas educativos, es importante señalar, como lo hace Haefner (2005), que la educación se encuentra en un punto de no retorno que exige, de manera urgente, la creación de nuevas coordenadas para un mundo que presenta hoy características de exclusión y desigualdad.

 

 

2.       La construcción de un nuevo sistema educativo

 

 

“La evolución no es una fuerza, sino un progreso; no es una causa sino una ley.” John Morley

 

 

            Importantes procesos de ruptura caracterizan la sociedad moderna y entorpecen la búsqueda de respuestas a las demandas sociales. Como bien afirma Haefner en Modernización y capital humano. El desafío de las nuevas tecnologías y la búsqueda de la equidad educativa en América Latina (2005) : “Es el tiempo de lo multiverso. Emerge un escenario donde hay más preguntas que respuestas, donde lo característico es el aumento de la incertidumbre y de la ruptura de paradigmas que nos hablaban de certezas.”

 

            Esta complejidad y diversidad de la sociedad, que debe ser asumida por los diversos actores, enfrenta el problema de la incapacidad del sistema  para analizar, determinar soluciones y gestionarlas. El sistema educativo no está exento de esta situación, y se ha visto rebasado por las desigualdades, la exclusión, las realidades diversas de los alumnos, la situación cambiante, la transitoriedad. Bajo estas características, la noción de progreso, de bienestar, de comunidad deben ser revisado dado que “nada está fijo ni garantizado”.

 

      Las sociedades abiertas a la globalización exigen la formación de sujetos preparados para cambios frecuentes. La educación debe reflejar esta situación con estrategias innovadoras y flexibles que permitan construir sistemas de inclusión. Siguiendo a Haefner, es evidente que el sistema educativo deberá repensarse en virtud de estas nuevas circunstancias, para que permitan al alumno adquirir las herramientas para “conducir su vida por sí mismo y configurarla como un proceso abierto, en definitiva como una producción autocreativa.”

 

            Cada vez más la ciudadanía es conciente de que no es un sujeto externo a las decisiones sobre la educación y que debe trabajar en la definición del tipo y calidad de sistema escolar. Pasó el momento de simular cambios. Todos los actores implicados deben proponerse como objetivo estratégico la transformación y modernización del sistema, tomando la creatividad, la vocación y las ideas innovadoras que hay en las escuelas de nuestros países para lograr la adecuada articulación con la comunidad que permita determinar la cultura escolar democrática y participativa, sin que esto signifique la desvinculación del centro.

 

            El rol del docente también se vuelve más difícil, ya que enfrenta comportamientos de sus estudiantes, que si bien pueden ser, a sus ojos, antagónicos a las conductas esperadas, también pueden considerarse como el resultado de una mayor autonomía del alumno y uso de su libertad.

 

            El desafío de la educación es el rediseño de los programas curriculares y las formas de enseñar, de manera que, se adecuen a la nueva economía y a las características de la sociedad actual, creando ambientes de aprendizaje flexibles, estimulantes, motivadores, promoviendo la idea de la escuela como un centro de aprendizaje (Haefner, 2005).

 

            En el proceso de construcción del sistema educativo cabe preguntarse en primer lugar qué significa gobernar la educación, quiénes la gobiernan y qué cambios deben operarse en el sistema educativo para gobernarlo mejor. Es menester hacer una reflexión crítica y tomar una posición acerca de los valores que están en juego y que deben orientar la búsqueda de la gobernabilidad.

 

            El gobierno democrático y participativo, debe orientar su acción hacia la construcción de una sociedad justa y libre, pero ante el panorama complejo que presenta nuestra región, gobernar el sistema educativo se vuelve más difícil.

 

            Cuando hablamos de sistema, nos referimos a una serie de elementos interdependientes y cohesionados, que tienen un centro, a partir del cual, se dictan las direcciones. Como sistema entendemos la existencia de una serie de actores, cada uno de ellos con particulares proyectos, intereses, recursos y presencia política y que actuando en conjunto muestran consistencia para gobernar. Un sistema debe tener un centro que coordine y conduzca a las distintas partes. Sin embargo, una mirada hacia la educación en América Latina nos deja claro que no existe ese centro del campo educativo. Los procesos de descentralización territorial, las autonomías institucionales, la modificación de las estrategias de financiamiento para la educación y el debilitamiento del Estado han desdibujado la función del centro del sistema educativo que debe ser reconsiderado y redefinido para las nuevas circunstancias sociales. En la línea de estas transformaciones, el Estado asumió nuevas funciones como la innovación tecnológica, la asistencia técnica, la evaluación, la acreditación de instituciones y la compensación de diferencias.

 

            El sistema educativo no era, hasta algunos años atrás, un problema para los gobiernos, era un sistema estable. Las transformaciones que se presentan en la producción, en la vinculación con el resto del mundo, en la estructura social, en la distribución de la riqueza, en el ámbito político y cultural afecta también al sistema educativo y obligan a su revisión y redefinición.

 

Tal como señala Dubet, el neoliberalismo se presenta para algunos como una solución que puede causar más problemas aún en la escuela, y se hace necesario buscar las raíces de la crisis y los cambios producidos en los antiguos sistemas estatales de la educación (Tenti, 2005). La débil estructura institucional de los países de América Latina se ha visto aún más disminuida por las tendencias liberales que proponen más desregulación y debilitamiento del Estado.

 

La experiencia de gobernanza de los sistemas educativos europeos está centrada en llevar a cabo los procesos descentralización; los resultados de ésta no han sido favorables en función de la eliminación de la desigualdad y la exclusión. Estos resultado son aún más desalentadores en América Latina, en dónde la desigualdad y la exclusión tiene, además, un componente territorial, y las políticas de descentralización no son efectivas si paralelamente no se implementa un mecanismo de compensación de recursos financieros, técnicos y de gestión (Tenti, 2005). La descentralización parece haber hecho más pobres a las escuelas de zonas pobres por esa falta de apoyo mencionado, agudizando la desigualdad en calidad educativa, que luego se deriva en mayores niveles de exclusión. El sistema debe repensarse en función del fortalecimiento financiero, técnico y de gestión de las escuelas con menores recursos.

 

El nuevo sistema debe definir las funciones de la escuela en el complejo entorno que se ha descrito. Esta indicación pude parecer absurda, pues se entiende que la escuela se ha creado para educar. Pero, ¿qué significa educar? Las expectativas que debe cubrir la escuela son cada vez más, y cada grupo social tiene diferentes expectativas sobre ella. “Y cada vez se le piden más cosas: que enseñe a leer y escribir, que eduque y moralice, que forme ciudadanos y recursos humanos competentes para la producción, que desarrolle la conciencia crítica y la autonomía pero que respete reglas que le permitan integrarse a la sociedad, etc., etc.”(Tenti, 2005).

 

Tradicionalmente, y dadas las desfavorables condiciones sociales de la sociedad latinoamericana, la escuela ha extendido sus funciones mucho más allá de la socialización y la transmisión de conocimientos para cubrir necesidades básicas que los hogares no pueden cumplir. El alumno ingresa al salón de clases con todo aquello que caracteriza su realidad diaria: el hambre, la violencia, el abandono…Se trata de subsidiar a las familias en la alimentación, la salud y también en la atención emocional y afectiva de los niños.

 

La integración de estas funciones hace más difícil la definición de un sistema educativo en el marco de una gobernanza moderna. Hoy se sabe que la educación de calidad no se relaciona, solamente, con el financiamiento y con buenos programas pedagógicos. El entorno del alumno influye en los resultados escolares. La escuela latinoamericana ha lidiado desde siempre con esa realidad externa al salón de clases, pero que se adueña del desempeño y los resultados de los niños. Esta complejidad obliga a que el gobierno de la educación se vincule de forma positiva con otras políticas públicas como las de salud, nutrición, desarrollo social e infantil que permitan lograr una acción integrada, completa para el logro de objetivos sociales.

 

La gobernanza del sistema educativo latinoamericano, según Tenti, se enfrenta aún con otros factores de dificultan su acción. Uno de ellos es la pérdida de legitimidad de las instituciones públicas que provocan una crisis de representación[7]; vacío que no ha sido ocupado por ninguna otra organización educativa. Es aquí, dónde los sindicatos de educación, por su representatividad y el conocimiento del acontecer diario del salón de clases, debería desempeñar un papel de coordinador de esfuerzos, generador de ideas para subirlos como propuestas claras a la dirigencia educativa. Por otra parte, el déficit del Estado provocan la necesidad de cortes en gasto social, lo que generalmente afecta el rubro de educación. Si bien hay estudios que demuestran que el aspecto financiero no es determinante de los resultados en calidad educativa, el flujo inconstante limita la continuidad y resultados de los programas iniciados.

 

Otro punto que debe tener en cuenta el diseño del nuevo sistema educativo, es la fuerte presencia de una gran cantidad de  instituciones autónomas de educación, que en algunos casos tienen presencia internacional, en las que se refleja el poder social y económico de quienes las dirigen y de sus clientes. Estas fuertes instituciones contrastan con la debilidad –de gestión y de recursos financieros y técnicos- de las escuelas de gobierno que se reservan para las clases menos privilegiadas, que deben aceptar la escuela con todos sus defectos. Al mismo tiempo, el Estado muestra una baja capacidad legal y regulatoria para hacer frente a estas situaciones, que generan el incremento de una mayor desigualdad.

 

Esta situación, pone al Estado ante la necesidad de diseñar un sistema que tenga un sano equilibro entre autonomía y libertad de los actores, apartándose del modelo neoliberal y del modelo de intervención pública que hasta ahora, con aciertos y desaciertos, funcionaron. El  Estado debe mostrar su presencia dónde la institución privada no llega o no existen los recursos para forjar una empresa educativa, sin asumir una posición monopolista en la educación. La sociedad civil y el Estado forman un equipo potente para la gobernanza de la educación. Hablamos de un Estado fuerte, pero no necesariamente grande. Un Estado con presencia, no con extensión. Un Estado que tenga peso, pero que no sea pesado. Un Estado que coordine acciones de los actores, no que las entorpezca. Un Estado que integre y que no excluya. Un Estado que delegue, sin entregar.

 

Por eso, tal vez la solución no sea la elección entre sistemas opuesto, sino tomar lo mejor de cada uno de ellos. Dice Tenti: “…hay que recordar que el éxito en política no se asocia con “una sola vía”.” América Latina debe encontrar “su modelo”, que experimente en el desarrollo institucional y se base en el conocimiento del contexto local, tomando en cuenta la historia y la idiosincrasia.

 

Los excluidos y marginados de América Latina, por su propia condición, no tienen la capacidad de hacer los reclamos que le devuelvan la dignidad. Es hora de volver la vista hacia ellos, con un interés legítimo y honesto en su educación. La escuela, la buena escuela, aquella que no solo los instruya sino que desarrolla conocimientos intensos, actitud crítica y proactiva, les devolverá la dignidad. Las instituciones públicas coordinadas con la sociedad civil son el camino para realización de los derechos básicos sociales. El Estado centralista, sin la participación social, no puede dar las respuestas que la sociedad demanda. Por eso es necesario mantener la educación como un sistema nacional integrado, en el cual, desde el centro se asignen los recursos –financieros, materiales, pedagógicos- integrando a todos los actores del ámbito educativo.

 

 

3.       La gobernanza del sistema educativo

 

 

“Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad. Responden a sus padre, cruzan la piernas y tiranizan a sus maestros.” Sócrates

 

 

Con el fin de determinar el impacto de las evoluciones socioeconómicas y políticas y de las transformaciones de las instituciones en la forma de gobernar, se han iniciado los estudios sobre la gobernanza en los sistemas educativos.

 

Como ya hemos referido, el sistema de educación de un país debe reflejar el modelo de sociedad al cual se aspira, por lo que muchos sectores se ven involucrados en su determinación, y muchos otros se verán también afectados por sus resultados. Sin embargo hay grupos sociales que se han mantenido la margen.

 

Tradicionalmente, en América Latina, y particularmente en México, la educación se ha concebido como un derecho del ciudadano y un servicio que el Estado debe brindar. La educación es considerada como un elemento fundamental para alcanzar mejores niveles de vida a través de la adquisición de competencias, que permitan al individuo la inserción laboral y la movilidad social. Estas cuestiones ponen al sistema educativo como prioridad en la agenda de los gobiernos, tanto en la definición de contenidos educativos como en la evaluación de los resultados.

 

Para abordar el tema de la gobernanza de los sistemas educativos se requiere, en primer lugar, partir de la evidencia concreta de la realidad, y ésta nos señala que:

 

·         Si bien se han producido fuertes cambios en el aspecto social, económico y político, el sistema educativo ha presentado crecimiento;

 

·         se requiere avanzar más allá del buen financiamiento y del contenido para lograr una mejor cobertura y calidad de la educación, y que,

 

·         independientemente del sistema u orientación políticas del gobierno, el Estado continúa siendo considerado como  elemento principal del proceso educativo.

 

La gobernanza del sistema requiere la sensibilización y participación de todos los actores del sistema –maestros, agremiados o no, padres de familia, alumnos, Estado y medios de comunicación-  para alcanzar lo objetivos.

 

            Es particularmente significativa la función que desempeñan los sindicatos en el sistema educativo por su importante papel de representación colectiva de los intereses de sus agremiados, “..., los sindicatos docentes desempeñan el rol más parecido posible al del Estado.” (Feijoó). La profesionalización de la función docente ha permitido el aumento de la presencia de los sindicatos de la educación en el sistema. El sindicato tiene un papel que desarrollar en la gobernanza que va más allá de los reclamos salariales de sus agremiados. La posición privilegiada del sindicato para vincular los acontecimientos en los salones de clases con el mundo laboral y el resto de los sujetos sociales,  le permite poner en evidencia la condición social y laboral del docente y del alumno y su entorno, lo cual, efectivamente, se convierte en factor determinante de la calidad de la educación.

 

La experiencia en América Latina, particularmente en Argentina, nos permite constatar cómo el sector docente pudo generar tácticas y prácticas de confrontación y negociación sindical , “...lo que puede considerarse un auténtico cambio cualitativo y de “estilo” en el desarrollo y manejo de la conflictividad social.” (Suárez, 2005). A partir de formas de protesta social novedosas, en las que incluyeron modalidades de gestión, expresión y difusión no convencionales, lograron trasladar la confrontación del plano sindical al social, recibiendo la adhesión generalizada de la sociedad. Los sindicatos docentes están llamados a ser quienes concentren la información de los diferentes actores del proceso educativo, para diagnosticar el estado de la educación y generar propuestas viables y sustentables con un proyecto de sociedad incluyente en vinculación con los otros actores sociales del sistema. El sindicato debe animar un trabajo conjunto, que permita elevar calidad y cobertura educativa, generando mejores niveles de vida para la población y  una más profunda conciencia ciudadana proactiva.

 

Otros actores importantes del sistema educativo son los padres de familia, los alumnos y las autoridades, quienes tienen el conocimiento de los que ocurre en las aulas, y,  sin embargo, no tienen, en la actualidad, mecanismos de representación. Su participación se ve aún más disminuida  cuando se agudiza el menoscabo social y económico, situación en la que su atención está puesta en cuestiones más inmediatas de supervivencia[8]. Dado que, hasta el momento, la participación de estos actores ha sido muy reducida, es necesario estimularla a través de la formación de asociaciones y de la creación de estructuras de representación. A nivel regional, encontramos fuerte diferenciación cultural, política y social, por lo que la interacción de estos actores se da a nivel local.

 

Por otro lado, es importante destacar la acción de medios de comunicación en este proceso, que como sistemas de transmisión de mensajes que se difunden a un gran número de receptores a través de diferentes técnicas y canales, tienen entre sus objetivos la creación de conciencia social y la colaboración en el diseño y difusión de un determinado orden social, lo que va mucho más allá de informar y entretener. Su extraordinario poder como vehículo de transmisión de ideologías los convierte en un actor fundamental del proceso educativo. Ellos deben asumir, con responsabilidad social,  la difusión de la situación educativa, siendo el conducto para que la sociedad tome conciencia de la necesidad de cambio en el medio educativo y colaborando en la transmisión de ideas y conocimientos que permitan la construcción de una sociedad más plural, comprometida y participativa. Esta exposición de la realidad educativa, así como de los objetivos y los medios para transformarla, debe hacerse de forma responsable, evitando el protagonismo y la manipulación y en acción concertada con el resto de los actores. (Feijoó, 2004).

 

La legitimidad de un sistema educativo está fundada en la confianza de la sociedad civil en las instituciones[9], la cual se logra trabajando en el consenso entre actores sociales y autoridades políticas acerca de aspectos tales como:

 

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