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Interior impulsará la "reinserción individualizada" de los presos de ETA y reducirá los escoltas
La única hoja de ruta del Gobierno es aplicar la ley El ministro ha animado a los presos a dar "los pasos que otros han dado" (en referencia a la treintena de etarras que se han acogido a la llamada "vía Nanclares") para beneficiarse de "la generosidad que la ley contempla", ya que, ha insistido, "la única hoja de ruta del Gobierno es la aplicación de la ley".
Tras asegurar que la unidad de los demócratas, la eficacia policial y la cooperación internacional son las que han llevado a ETA a anunciar el cese definitivo de su actividad armada, Fernández Díaz ha dicho que se está "cerca del final de la violencia", aunque ha pedido "prudencia e inteligencia" porque "han sido muchas las veces en que los violentos han engañado a los demócratas".
"Ahora nos toca a todos lograr que ETA abandone definitivamente, entregue las armas y desmantele sus estructuras", ha añadido el ministro, que ha señalado que para dar por cerrado el capítulo del terrorismo quienes han usado la violencia deben "responsabilizarse de sus actos y mostrar arrepentimiento pidiendo perdón a sus víctimas". "Quienes han jaleado a los asesinos no pueden pasar a ser demócratas con unas simples declaraciones de buenas intenciones", ha insistido.
Entre los anuncios hechos por el ministro del Interior figuran el de "conceder prioridad" a la tramitación del reglamento de la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo y la puesta en marcha del Centro Memorial para las víctimas, que tendrá su sede en el País Vasco, para lo que ya se ha firmado un protocolo con el Gobierno de Vitoria. "El contenido de ese centro será preservar la verdad de lo ocurrido, sin equidistancias ni manipulaciones", ha dicho.
Fernández Díaz también se ha comprometido a luchar contra la impunidad para que cuando ETA desaparezca ninguno de sus asesinatos quede sin esclarecer.
El titular de Interior ha anunciado también una "importante reducción" del número de escoltas, para lo que ya ha encomendado al secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, la elaboración de un plan (que, en el caso del País Vasco, ya está en marcha) que tendrá en cuenta las circunstancias individualizadas de cada una de las personas protegidas.
Según los datos facilitados por el ministro, en la actualidad hay 1.500 personas que cuentan con escolta, a las que deben sumarse los cargos electos locales, cuya seguridad corre a cargo de las policías municipales.
Las tareas de escolta las llevan a cabo 2.668 policías y guardias civiles y cerca de 700 escoltas privados que se pagan con cargo al presupuesto de Interior, lo que supone un gasto de 160 millones de euros anuales, cien de ellos solo en el País Vasco y Navarra.
Aun considerando la "pervivencia latente" de la amenaza del terrorismo, el análisis de la situación actual "colige que el número de protegidos y de protectores está muy por encima" de lo que se estima como "razonable", ha concluido el ministro.
Fernández Díaz ha presentado además diez ejes estratégicos de actuación dedicados a mejorar la seguridad de los grupos de población más vulnerables como las mujeres víctimas de violación o maltrato y los menores. Dentro de ellos se encuentra la iniciativa de que en la ficha policial de los detenidos por agresiones sexuales se incluirá su huella genética, una medida que contará, ha dicho, con "plena cobertura legal".
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