La juez reclama "copia íntegra" de 84 expedientes ya solicitados y un informe de la encomienda a IDEA

Nov 23, 2011 | Que

Pide a las aseguradoras las cuantías percibidas por 12 de los presuntos falsos prejubilados en función de las pólizas investigadas

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

La juez Mercedes Alaya, que indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso de dichos fondos, reclama a la Junta la "copia íntegra" de absolutamente toda la documentación de unos 84 expedientes de ayuda ya solicitados en autos previos del 16 de abril y 14 y 27 de septiembre. Igualmente, reclama el informe que el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, encargó en julio al consejero de Empleo, Manuel Recio, sobre la tramitación de la orden dictada por el segundo de ellos para encomendar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) "la materialización referente a los programas sociolaborales y las ayudas excepcionales dependientes de los mismos".

Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga esta presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

EL DESTINO DE LOS FONDOS

Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Hasta el momento, la Consejería de Empleo ha detectado un total de 72 prejubilaciones totalmente falsas, extremo que investiga la citada instancia judicial.

A tal efecto, y en un nuevo auto dictado el 18 de noviembre y recogido por Europa Press, la juez Mercedes Alaya rememora que ya los pasados 16 de abril, 14 de septiembre y 27 de septiembre, reclamaba a la Junta de Andalucía mediante tres autos toda la documentación relativa a unos 84 expedientes administrativos elaborados sobre ayudas públicas concedidas por la Consejería de Empleo para numerosas empresas o entidades. Y es que en este nuevo auto, la juez pide nuevamente la documentación correspondiente a las ayudas otorgadas al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) y a la empresa Refractarios Sevilla porque "no se encuentra dentro de las cajas" entregadas.

"NOTAS MANUSCRITAS O BORRADORES"

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