Las familias recurren el archivo de la causa porque la cúpula militar de Trillo conocía el "riesgo" del avión

Feb 9, 2012 | 20minutos

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 sostiene que en el procedimiento obra "una multitud de datos e información" que determinan que el vuelo siniestrado era "inseguro e ilegal" y que no "debía haberse producido de acuerdo con la normativa vigente, al no superar los umbrales mínimos imprescindibles de seguridad".
"El conocimiento del riesgo era evidente para los imputados en el presente procedimiento", señala la acusación particular antes de apuntar que un informe del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET), otro del Mando Aéreo de Levante y III Región Aérea (MALEV) y varias preguntas parlamentarias presentadas por el Grupo Socialista "evidencian que se tenía conocimiento del riesgo que implicaba la utilización de estos aviones".
"La utilización del mecanismo de contratación a través de la agencia de la OTAN Namsa en sí mismo no supone la creación de un riesgo censurable penalmente pero, evidentemente, la singularización del procedimiento de contratación del Yak-42 sí lo supuso y (...) a través de las sucesivas contrataciones, no sólo se distraía dinero público sino también y, sobre todo, seguridad para los militares españoles", afirma.
Vuelo "ilegal"
El recurso, que se presenta en reforma ante el juez Grande-Marlaska y de forma subsidiaria en apelación a la Sala de lo Penal, rechaza que, como sostenía el instructor, el avión se encontrara en "perfectas condiciones técnicas". Para rebatir este punto, indica que en los dos juicios civiles celebrados en Zaragoza el perito de la compañía ucraniana UM Air, propietaria del avión siniestrado, "manifestó inequívocamente que, debido al estado del avión, él no lo hubiera despegado, puesto que habría sido ilegal hacerlo".
A juicio de esta parte, la investigación, las pruebas periciales y los testigos que declararon durante la instrucción y los dos juicios civiles ponen de manifiesto "el mal estado y mantenimiento" que presentaba la aeronave. "Se trata de un avión, que no de un vehículo a motor, y conocer la cantidad de combustible en el depósito es vital, nunca mejor dicho, para los tripulantes y pasajeros del mismo", sostiene la acusación particular.
En relación con la responsabilidad de las autoridades militares españolas, el recurso recalca que tenían "el derecho a intervenir e inspeccionar todos y cada uno de los vuelos" así como "la obligación de dar consentimiento a aeronaves no pertenecientes a países del espacio OTAN para trasladar las tropas de nuestro país".
"No fue un contrato ejemplar, existían [...]

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