Mato unificará el catálogo de servicios de dependencia, el baremo y los requisitos económicos de los beneficiarios

Feb 1, 2012 | 20minutos

En su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, Mato ha incidido en la importancia de esta medida porque "el baremo único de valoración y los criterios comunes para determinar la capacidad económica de los beneficiarios garantizan su acceso en condiciones de igualdad" al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD).
Esta iniciativa se enmarcará en un acuerdo con las comunidades autónomas que se adoptará en el Pacto por la Sanidad y los Sociales, donde Mato propondrá también que se introduzca en los criterios de financiación de la dependencia "una ponderación que incentive la atención a través de servicios profesionales, como forma de conseguir una mejor calidad y generación de empleo".
Asimismo, se incluirán acciones dirigidas a la "sensibilización sobre un uso responsable y solidario de los usuarios y beneficiarios" y a simplificar el procedimiento para adquirir el reconocimiento de personas en situación de dependencia, "buscando la eficiencia", para que los beneficiarios accedan a las prestación a que tienen derecho "lo antes posible".
La intención es, según ha dicho, es "que ante mismas situaciones personales de dependencia, se reciban los mismos servicios y prestaciones", así como "priorizar la prestación de servicios" desde la perspectiva de la generación de empleo, apostando por la teleasistencia, la ayuda a domicilio, la atención residencial y el cuidador profesional.
"Quiero dejar muy claro mi compromiso con el desarrollo de la Ley de Atención a la Dependencia como reconocimiento al avance que ha supuesto en la protección social de nuestro país", ha afirmado la ministra, para incidir en su intención de "sacar de la controversia política la dependencia y ofrecer el diálogo para buscar el consenso más amplio". "Es el momento de recuperar los Principios de la ley", ha añadido.
En esta línea, Mato ha criticado que cinco años de la aprobación de la ley, "existe un absoluto desfase entre las previsiones tanto en número de dependientes como en financiación", la orientación en las prestaciones concedidas "no ha generado las expectativas de creación de empleo", y esta preponderancia de las ayudas económicas "genera mayores costes" y afecta a la calidad de la atención".
En respuesta a las demandas de información por parte de los grupos parlamentarios sobre la congelación de la entrada en el sistema de dependientes moderados, Mato se ha extendido sobre este asunto para incidir en que es una medida que el Gobierno "no quería adoptar y hubiera preferido no adoptar" pero a la que se ha visto obligado para "garantizar" la atención al resto de dependientes que ya estaban en el SAAD.
La ministra ha reconocido que esta decisión "puede plantear problemas legales en algunos casos" ya que con la norma en la mano, los ciudadanos podrían denunciar a la Administración General del Estado. "Yo entiendo que algunos ciudadanos acudan a los tribunales, lo respeto y acataremos lo que digan", ha señalado.
En cualquier caso, durante su turno de réplica, la ministra ha incidido en la idea de alcanzar un gran acuerdo con las comunidades autónomas y los órganos competentes acerca de los mínimos de atención garantizados en todo el país para los dependientes y de la cartera básica de servicios sociales a fin principalmente de coordinar ambos aspectos. Este acuerdo, según ha dicho, llegará después al Parlamento para consensuar una ley de servicios básicos en la que quede reflejado.
Empleo y discapacidad
Por otra parte, Mato, que ha anunciado que comparecerá próximamente ante la Comisión parlamentaria de Estudio de las Políticas de Discapacidad; ha avanzado no obstante, que el Gobierno pondrá en marcha el "Plan de Acción (2012-2015)" así como promoverá "un nuevo marco legal de promoción laboral" para la incorporación al empleo de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones ya que "es necesario actualizar" el vigente.
"En este nuevo marco, revisaremos todas las herramientas de las que dispone la administración para incentivar el empleo de las personas con discapacidad, como impulsar la contratación socialmente responsable en las administraciones públicas, reforzar el seguimiento y control de la reserva del 2% de puestos de [...]

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