El 97% de las reunificadoras de deuda en Cataluña incluyen cláusulas abusivas en sus contratos
09/07 - Estefanía Pérez
Las entidades de unificación de créditos, que no están sujetas a ninguna regulación, desarrollan prácticas abusivas y ofrecen a sus clientes contratos llenos de irregularidades. Una de las cláusulas habituales es la que identifica al cliente, no sólo como a la persona que contrata el crédito, sino además como a “los ascendientes, descendientes, cónyuge o entidad mercantil en la que tenga participación”, de manera que en caso de incumplimiento de los pagos todo el entorno familiar del cliente se ve comprometido económicamente.
Así lo considera el Gobierno de Cataluña después de haber inspeccionado 58 compañías de reunificación de créditos. Todas ellas, además, utilizan publicidad engañosa y el 97% de las mismas contienen cláusulas abusivas en sus contratos.
Según han explicado a Noticias.com fuentes del Departamento de Economía del gobierno catalán, se han detectado distintas deficiencias en la publicidad de las reunificadoras de deudas, ya que inducen al error al presentarse como entidades financieras, mientras que tan solo son entidades mediadoras y, por tanto, no sujetas al control del Banco de España. Además, difunden un concepto equívoco del ahorro ya que, si bien disminuyen la cuota mensual, el plazo de devolución se alarga, por lo que al final se acaba pagando más.
Según adelantó la semana pasada Noticias.com, a pesar de estas condiciones, muchas familias ven en estas compañías la única salida a su elevado endeudamiento, ya que las reunificadoras de crédito les permiten agrupar sus deudas en un solo pago, a devolver en un plazo más largo, y por un importe mensual inferior. De todas formas, según las mismas fuentes, muchas de las entidades no poseen hojas de reclamación.
La investigación, llevada a cabo por los técnicos de la Agència Catalana del Consum (ACC), revela que entre los abusos más destacados figuran las cláusulas que establecen que los acuerdos verbales existentes entre las partes no tendrán validez una vez firmado el contrato. Además, muchas veces impiden al cliente elegir el juzgado en caso de iniciar una causa judicial o incluso le niegan al cliente la posibilidad de reclamación.
En relación a los honorarios del intermediario, el gobierno de Cataluña ha detectado que estas tarifas van del 1% al 5%, sin que haya una norma sobre estos porcentajes. Además, algunas empresas que ofrecen anticipos exigen el cobro de un interés del 30% del capital avanzado aunque posteriormente no se pueda acceder a la financiación.
De hecho, el gobierno de Cataluña, que mantiene abierta la investigación, ha detectado hasta 25 cláusulas abusivas distintas. De los 34 contratos investigados, 33 contenían algún abuso.