Andorra se compromete a salir como máximo en dos años de la lista de paraísos fiscales
De hecho, dos de estas leyes, la de sociedades y la de contabilidad general para las empresas, ya han sido aprobadas, mientras que sólo falta obtener el visto bueno parlamentario para la ley de inversiones extranjeras. “No nos vamos a poner nerviosos por que nos salga todo inmediatamente, lo importante es que la dirección es la correcta”, ha señalado Albert Pintat, Primer Ministro de Andorra, en una entrevista concedida a Noticias.com “pero antes del primer semestre del año que viene esto tiene que estar acabado”. Muestra de la voluntad de Andorra de abrirse al exterior ha sido la segunda edición del “The Future of Europe Summit” celebrado durante el pasado fin de semana en este pequeño país y que reunió a empresarios y políticos internacionales para debatir sobre la creación y retención de talento en Europa.
Según concreta Jaume Serra, presidente del Partido Liberal de Andorra (el partido en el gobierno), “esta reforma pretende crear una normativa societaria homologable a la de los países de nuestro entorno y una transparencia gracias al uso de la Normas Internacionales de Contabilidad y permitir de una forma gradual la participación de capital extranjero en las empresas andorranas”. De hecho, la ley de inversiones extranjeras propone unos periodos transitorios para hacer que esta inversión sea posible en el Principado: permitirá que inversores extranjeros controlen el 49,9% de las empresas que operan en los sectores tradicionales, como comercio, banca, turismo y construcción, frente al 33% actual. En 10 años, esa participación podrá incrementarse gradualmente hasta alcanzar el 100%, mientras que para actividades sin implantación en el país, el control de las empresas extranjeras podrá llegar desde un principio al cien por cien.
Las oportunidades para las empresas foráneas a partir de ese momento serán diversas, según Pintat, aunque Andorra tiene claras las que resultarán especialmente interesantes: servicios de investigación, multimedia, seguros, centros de estudios, cuidado personal del cuerpo… “Todo menos la manufactura y los servicios que ya tenemos saturados, como hoteles, comercios, constructoras o inmobiliarias”, considera el jefe del Ejecutivo. Queda claro que tanto Gobierno como la sociedad en general quieren alejarse de la imagen de una Andorra donde comprar azúcar y tabaco propia de hace un par de décadas.
“Salir del paraíso fiscal no significa abandonar el secreto bancario"
No está tan claro, sin embargo, lo que ocurrirá con las telecomunicaciones en el país. STA es la única compañía de telecomunicaciones de Andorra y es de titularidad pública. Su director general, Jaume Salvat, si bien asegura desconocer los planes concretos del Gobierno, asegura que “para un país pequeño las telecomunicaciones son estratégicas para el Gobierno y lo que es estratégico para un país pequeño se debe tratar con un poco de cuidado”. Sobre la posibilidad de que llegue a entrar más competencia, Salvat considera que “el mercado de Andorra es muy pequeño y difícilmente se podría crear un entorno donde hubiese una verdadera competencia”.
Alejarse del “paraíso”
Con todo este proceso, Pintat se compromete a sacar a Andorra de la lista de paraísos fiscales de la OCDE como máximo en dos años, “lo que ocurre es que hay una doble lista: la de la OCDE, que es fácil, pero la del Gobierno español es mucho más difícil, porque consideran que el intercambio de información debe ser mucho más estricto de lo que nosotros interpretamos”, señala el Primer Ministro.
Pero Jean-Christophe Queyroux, director general del grupo Pyrénées, el cual representa alrededor del 20% del PIB de Andorra, recuerda que “salir del paraíso fiscal no significa abandonar el secreto bancario, sino facilitar el intercambio de informaciones bancarias, dentro de un marco delimitado y a negociar”. Hay cosas, por tanto, que siguen siendo irrenunciables. De todas formas, para Queyroux deshacerse de la imagen de paraíso fiscal “proporcionaría sin duda un formidable dinamismo al sector bancario y a los servicios financieros”, aunque “tenemos que preservar nuestros intereses, al menos dentro de un cierto marco jurídico y sin ser tampoco ingenuos”.
La posición del empresariado andorrano
Las medidas adoptadas por el Gobierno son unas "reformas a la andorrana"
La buena acogida de estas medidas por parte de los empresarios andorranos no puede dejar de sorprender en cierta parte si se tiene en cuenta que es un país con una tributación directa mínima y con impuestos indirectos muy bajos. Aunque no hay que olvidar que su PIB se encuentra prácticamente estancado desde el año 2003. “El mundo empresarial coincide en que si bien la competencia aporta riesgos, es la única manera de que lleguen nuevas oportunidades”, asegura Josep Sirlé, gerente de Fimarge. De todas formas, Serra ha percibido en el entorno empresarial cierto escepticismo, en el sentido que “no hay ninguna reforma que sea aplaudida de manera absoluta por todos los que se ven afectados por ella”. “La gente de montaña somos muy conservadores”, describe por su parte Pintat.
De todas formas, los empresarios andorranos pueden respirar tranquilos en tanto que las medidas adoptadas por el Gobierno son unas “reformas a la andorrana”, en palabras del Primer Ministro. En este sentido, Serra recuerda que “lo que tampoco queremos es entrar en un infierno fiscal. Andorra debe mantener una presión fiscal baja como la que tiene ahora”. Pintat cuantifica esta fiscalidad en “unos puntos menos que la más baja europea”. Además, el jefe del Ejecutivo es tajante ante la pregunta de si Andorra entrará algún día en la Unión Europea: “Sólo si nos hacen la vida imposible”, pero “no es el interés de Andorra”, con el fin de poder asegurar la manera de hacer andorrana.
Además, la ley de apertura al exterior sigue contemplando limitaciones para los profesionales liberales reguladas, de manera que se debe ser andorrano para poder ejercer de abogado, arquitecto o médico. Y para acceder a la nacionalidad hay que cumplir uno de los siguientes requisitos: nacimiento, boda o residencia durante 20 años en el país. “Es una manera de garantizar la identidad”, explica Pintat. Por ello, la mayoría de los algo más de 80.000 habitantes en los menos de 500 km cuadrados de Andorra son todavía extranjeros a los ojos del Gobierno.