Bruselas denuncia a España por la legislación urbanística de la Comunidad Valenciana
Bruselas considera que la LUV no remedia las infracciones detectadas en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), a la que sustituyó en diciembre de 2005, y sigue sin respetar las exigencias de publicidad y transparencia que impone la normativa europea de contratación pública.
De hecho, la Comisión considera que, “aunque simplifica el procedimiento de selección de los agentes urbanizadores, la LUV sigue incumpliendo las directivas sobre contratación pública de la UE en varios aspectos”. En este sentido, el ejecutivo comunitario cree que no resuelve el contenido de los anuncios de licitación y de los documentos de licitación, algunos de los criterios de adjudicación de contratos, y la posibilidad de modificar el contrato en el momento de la adjudicación o durante su ejecución, entre otros.
Asimismo, la Comisión estima que las autoridades españolas no han cumplido las obligaciones que les impone el derecho comunitario, al no haber adoptado medidas para impedir que se adjudiquen contratos infringiendo la legislación de la UE.
La actuación de Bruselas contra la legislación urbanística valenciana se inició en marzo de 2005 con una carta de emplazamiento en la que se cuestionaba la compatibilidad de la LRAU con el derecho comunitario. Tras recibir un dictamen motivado, la Comunidad Valenciana derogó la LRAU y la sustituyó por la LUV en diciembre de 2005. Sin embargo, la Comisión consideró que la nueva norma seguía vulnerando el derecho europeo y lanzó un nuevo expediente el 4 de abril de 2006 que acaba este miércoles ante el Tribunal de Luxemburgo.