Economía

La Comisión Europea (CE) ha manifestado que rechazará un acuerdo entre España y Alemania sobre la OPA de E.ON sobre Endesa si se mantienen las condiciones que impuso la Comisión Nacional de Energía (CNE). Estas condiciones ya fueron declaradas ilegales en su mayoría por Bruselas.

Según ha declarado el portavoz de Competencia, Jonathan Todd, "si, tras recibir las explicaciones de las autoridades españolas, llegamos a la conclusión definitiva de que las medidas son ilegales, cualquier acuerdo alcanzado entre las autoridades españolas y alemanas, no tendrá ninguna incidencia en el hecho de que se tomaron medidas ilegales el pasado julio". Todd ha insistido además en que la Comisión sólo conoce de las negociaciones entre Madrid y Berlín por la prensa.

"La obligación de la Comisión es velar por el respeto del derecho comunitario, y ya hemos indicado que la mayoría de las medidas tomadas por el regulador energético en España sobre este caso vulneran el derecho comunitario", insistió el portavoz, que dijo que España y Alemania no tienen la obligación de notificar a Bruselas que están negociando salvo si este diálogo tiene un impacto sobre la normativa europea.

Para el Ejecutivo comunitario, el "punto de partida" es la legislación comunitaria, que "tiene que respetarse". "Si hay contactos en marcha que puedan resolver de una u otra forma los problemas, será lo mejor", recalcó el portavoz de la Comisión, Johannes Laitenberger. "La obligación, en sustancia, es respetar la legislación comunitaria, y en forma, responder la carta enviada por la Comisión en el plazo acordado", añadió.

La Comisión aseguró además que no se está produciendo ninguna negociación con el Gobierno. "No mantenemos negociaciones con las autoridades españolas, sólo hay contactos regulares", dijo Todd. Explicó que España tiene hasta el 13 de septiembre para responder a la evaluación preliminar de Bruselas, según la cual la mayoría de las 19 condiciones impuestas por la CNE son "ilegales". El plazo inicial vencía hoy pero fue prorrogado a petición de las autoridades españolas.