Economía

La Comisión Europea ya lo había advertido y finalmente hoy ha declarado ilegales las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a E.ON para adquirir Endesa al considerar que se adoptaron sin comunicarlas previamente a Bruselas y que infringen el principio de libre circulación de capitales y de libertad de establecimiento. Por estos motivos, el Ejecutivo comunitario ha pedido al Gobierno español que las retire inmediatamente.

Esta decisión es vinculante y puede ser invocada por E.ON ante un tribunal nacional o una autoridad pública en España, por ejemplo para reclamar indemnizaciones.

La Comisión ha ido más allá y ha dado un ultimátum de dos meses a España para que modifique el decreto que amplía los poderes de la CNE. Si no lo hace así, el organismo comunitario presentará una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

"La Comisión va a preservar su derecho de aplicar las normas comunitarias sobre control de las concentraciones en beneficio de todas las empresas y todos los ciudadanos del mercado interior", declaró sobre este caso la comisaria de Competencia, Neelie Kroes.

Competencia comunitaria
  
La Comisión Europea recuerda ya  aprobó sin condiciones la OPA de E.ON sobre Endesa el 25 de abril "al considerar que no obstaculizaba de forma significativa la competencia efectiva" en el espacio económico europeo. No obstante, la CNE decidió el 27 de julio imponer a la operación 19 condiciones "sin comunicación previa a la Comisión ni aprobación por esta".

Al tratarse de una operación de dimensión comunitaria, Bruselas tiene, según el artículo 21 del reglamento de fusiones, la "competencia exclusiva" para evaluar sus repercusiones. Los Estados miembros sólo pueden actuar, recalca el Ejecutivo comunitario, para proteger intereses distintos de la competencia de manera proporcional y compatible con el derecho comunitario.

La seguridad pública, la pluralidad de los medios de comunicación y las normas prudenciales son intereses reconocidos como legítimos. Las condiciones nacionales que persigan cualquier otro interés deben comunicarse a la Comisión con antelación, según subraya Bruselas.