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Viernes 05 del Septiembre de 2008 — Actualizado a las: 17:35 PM

Director: Humberto Salerno

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Construcción y sector inmobiliario concentran el 20% de las insolvencias con la nueva ley concursal
09/07 - Estefanía Pérez

La construcción y el sector inmobiliario concentraron el 20% de la totalidad de las insolvencias desde que entró en vigor la nueva ley concursal en septiembre de 2004, con 382 casos y 122, respectivamente, según los datos de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). De todas formas, los sectores de actividad que han presentado una mayor cantidad de concursos son la industria y los servicios acaparan el 45% del total de procedimientos.
 

A pesar de todo, la ley concursal no ha conseguido tener un impacto importante, según la consultora, ya que el número de concursos publicados en el BOE desde septiembre de 2004, fecha de entrada en vigor de la nueva normativa, alcanzó la cifra de 2.534 y se mantiene en los mismos niveles que con la legislación anterior. Los tres años de la nueva ley ponen de manifiesto una “tímida” tendencia alcista en lo que a la actividad concursal se refiere: en 2005 se declararon 666 concursos, 927 en 2006 y 941 durante este tercer año.

Para Pere Brachfield, Director del Centro de Estudios de Morosología de EAE, las nuevas condiciones de la ley concursal, que acaba con conceptos como la suspensión de pagos o la quiebra, agrupándolos en el procedimiento del concurso, hace que estos procesos sean menos atractivos. “Mientras que la suspensión de pagos era el mejor negocio para el moroso, incluso a veces un chollo, el concurso establece un sistema de responsabilidades muy fuerte”.

Brachfield recuerda que el método de la suspensión de pagos se usaba “muchas veces como una quiebra encubierta”, en tanto que además permitía al deudor un quite del 90% de la deuda a pagar en quince años. En cambio, la ley concursal establece quites del 50% a pagar en 5 años como máximo. “Si se presenta un concurso, es solo para salvar responsabilidades”, considera Brachfield, ya que en caso contrario, con la nueva normativa “se hace responsable de los problemas de la sociedad tanto al administrador de derecho como al de hecho”.



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