Nuevas Tecnologías

Cuando Internet empezó a ser una realidad al alcance de la mayoría de los ciudadanos, una de las principales ventajas que todo el mundo reconoció es que ya no era necesario salir de casa para hacer muchas de las rutinas diarias: el periódico está en la red, se puede encargar la compra del supermercado, y conseguir un par de entradas para el cine sin hacer la cola de rigor.

Aún así, la confianza de los consumidores sigue siendo el principal freno del desarrollo del comercio electrónico, que por otra parte es una de las principales vías de crecimiento de negocio dentro de la mayoría de sectores en el contexto actual.

La Administración Pública, por su parte, también tiene la oportunidad de hacer llegar sus servicios a los ciudadanos por vía telemática, aunque la seguridad vuelve a ser en este caso el principal reto para desarrollar una verdadera administración electrónica.

El DNI electrónico garantiza la máxima seguridad en las transacciones telemáticas

La “identidad digital” puede poner solución a estos problemas, ya que garantiza la máxima seguridad en todas las transacciones y gestiones telemáticas al certificar que la persona que está realizando el trámite es, realmente, quien dice ser. Esto se consigue entregando a cada ciudadano un DNI electrónico, que físicamente es similar al que tenemos ahora, pero que incorpora datos digitalizados para que el ordenador los pueda entender en el momento en que queramos hacer una realizar una gestión telemática. El DNI electrónico incorpora también un certificado digital que autentifica nuestra identidad, así como la firma digital que se requerirá en muchos de los trámites que realicemos.

Según Jordi Masias, director de la Agencia Catalana de Certificación (CATCert), “muchos de los trámites que hasta ahora se debían realizar de manera presencial, se podrán hacer de manera telemática de una forma mucho más segura que antes, incluso más que cuando nos identificábamos en persona”.

Durante las Jornadas de Firma Electrónica, organizadas recientemente por CATCert, más de cincuenta ponentes expertos analizaron los principales retos de la identidad digital en Europa, donde cada país está desarrollando su propio DNI electrónico para establecer una verdadera comunicación telemática entre el triángulo ciudadano - administración - empresa.

Crecimiento “lento” en Europa

Miguel Peguera y Agustí Cerrillo, profesores de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), presentaron durante las jornadas un informe sobre los usos de la firma electrónica en Europa, del que concluyen que “su uso efectivo va creciendo, aunque de una manera todavía demasiado lenta”.

Por ahora, la mayoría de administraciones públicas europeas han incorporado la certificación digital como vía de identificación del usuario en algunos de los accesos a servicios públicos, pero “esta vía coexiste a menudo con la opción de utilizar un nombre de usuario y una contraseña”, según Peguera.

En la mayoría de los casos, se acepta tanto el DNI electrónico como la identificación tradicional

El estudio de la UOC revela que “el impulso de la firma digital desde las administraciones públicas tiene mucho que ver con la percepción del riesgo que entrañan ciertas operaciones o servicios, y de la necesidad de establecer mecanismos de seguridad”. Así, “a mayor riesgo, mayor necesidad de utilizar solamente la certificación digital como vía de acceso a los servicios públicos”.

En España, por ejemplo, el registro del cadastro permite identificarse con usuario y contraseña para acceder a los espacios públicos, pero sólo se puede utilizar el certificado digital en el caso que se necesite interactuar con los datos o realizar operaciones.

Interoperabilidad

Jordi Cardona, Unit Solutions Manager de Net Focus, compañía especializada en soluciones de seguridad en medios electrónicos, explica que “al no exisitir una normativa europea común para desarrollar el DNI electrónico, hay que hacer esfuerzos específicos para que cualquier ciudadano pueda hacer valer su identidad digital en toda la Unión Europea”. “Del mismo modo que nos aceptan los pasaportes, tenemos que tener identidades electrónicas compatibles”, añade.

A nivel estatal, existe una casuística parecida. “El Ministerio de Administraciones Públicas”, explica Cardona, “se está encargando de que todos estos mecanismos sean compatibles entre ellos sin que el ciudadano tenga que pasar por las distintas ventanillas de la administración local, autonómica y estatal”.

Es imprescindible crear un marco de compatibilidad entre todos los proyectos de identidad digital en Europa

La interoperabilidad es, pues, uno de los retos más apremiantes en el que trabajan organismos como el IDABC, de la Unión Europea, que se encarga de fomentar la compatibilidad entre todos los proyectos de identidad digital de la UE.

En España, se está trabajando también a diferentes niveles. Según Masias, “en el ámbito de las adminstraciones públicas, primera vez nos hemos puesto de acuerdo para trabajar conjuntamente para que el ciudadano no tenga que repetir trámites en diferentes administraciones, sino que la comunicación entre unas y otras sea automática”. “Por otro lado”, añade, “también estamos debatiendo cómo establecer una potente relación de colaboración entre el sector público y privado, para fomentar el uso de la identidad digital”.

La colaboración del sector privado será esencial para normalizar el uso del DNI electrónico, ya que los ciudadanos se acostumbrarán a utilizarlo en todas sus gestiones telemáticas, y no sólo en aquellas que tengan relación con la administración pública.
 
La importancia de la regulación

Según el estudio elaborado por la UOC, “la regulación de la firma electrónica constituye un elemento esencial para el desarrollo y la normalización de su uso”, y, por tanto, la falta de regulación, o regulación inapropiada, puede frenar su desarrollo.

Según Masias, “hay que utilizar la regulación de una manera prudente, ya que por una parte permite algunas cosas, pero también puede producir ciertos ‘anticuerpos’”. En su opinión, “hay que establecer el marco regulador en colaboración con el sector privado para que la normativa resultante impulse claramente el uso de estas nuevas tecnologías”. Se trata, en definitiva, de “no hablar tanto de obligaciones, sino de los derechos que son propios del ciudadano para que pueda acceder a estos servicios electrónicos”.