Economía

Hoy se cumplen 30 años del accidente de Seveso. A partir de este accidente y de otros similares se desarrolló la normativa europea, la cual establece dos niveles de afectación. Por un lado, el nivel inferior y, por el otro, el nivel superior. Las instalaciones que pertenecen a este último están obligadas a tener un Plan de Emergencia Exterior elaborado por las comunidades autónomas y homologado por la Administración central.

En España hay 600 establecimientos afectados por la directiva, de los cuales un 25% se encuentran en Cataluña, un 11% en Valencia y un 9% en Andalucía. Esto supone que desde el año 2001 hasta el actual han crecido un 15% el número de empresas afectadas. La normativa Seveso incide especialmente en dos actividades: en primer lugar, en el almacenamiento y distribución de gases, hidrocarburos y derivados (en un 35%) y, en segundo lugar, en la producción, manipulación y almacenamiento de productos químicos (en un 25%).

Accidentes con nacionalidad española
Nuestro país también ha sufrido diversos accidentes relacionados con productos químicos. Uno de los más conocidos es el de Ercros, la empresa química de Flix (Tarragona), que llegó a depositar unas 700.000 toneladas de residuos tóxicos y radioactivos en el pantano de la localidad.

El informe determina que, con la información disponible, se han producido 26 accidentes industriales con emisión de sustancias químicas entre 1987 y 2004. De ellos, 14 se consideraron accidentes graves y el número total de víctimas mortales fue de 18 personas. El estudio establece como el más grave de todos ellos el que tuvo lugar el 14 de agosto de 2003 en la Refinería Repsol de Puertollano, en el cual fallecieron 9 trabajadores. Además, el siniestro provocó una intoxicación de más de un centenar de personas. A pesar de todo, no se llegó a activar el Plan de Emergencia Exterior.

Jesús Soriano, responsable de seguridad de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, considera por su parte que “la transposición de la directiva europea a España ha sido una de las más completas y una de las que se ha realizado de forma más rápida. En el resto de países de la UE no ha sido así, a excepción de Reino Unido. Además, la administración industrial competente son las Comunidades Autónomas y, por ejemplo, en Cataluña hay una normativa complementaria de la directiva europea bastante completa”.