Economía

El Gobierno de Evo Morales ha respondido de manera rotunda a Repsol YPF después de que este fin de semana amenazara a las autoridades bolivianas con emprender acciones legales en los tribunales locales e internacionales tras el registro de las oficinas de su filial Andina y la detención y posterior arresto domiciliario de su auditor.

"El Gobierno no va a aceptar estas bravuconadas", ha asegurado el viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, quien advirtió que el Estado boliviano también podría recurrir a "estrados internacionales" para demandar a las empresas petroleras extranjeras una indemnización por los años en que "saquearon" el país en complicidad con "gobiernos carroñeros".

Esta respuesta se produce tras un fin de semana en el que la petrolera anunció que impulsará acciones legales en defensa de sus derechos si la Fiscalía boliviana prosigue con su "injustificada y reiterada persecución". Repsol YPF también se refirió al registro de sus oficinas de Andina, acción que calificó como una "medida impropia de un Estado de Derecho y del respeto al orden jurídico constitucional". La compañía ha expresado además su preocupación por la “falta de seguridad jurídica” con la que se encuentran en el país. En estas condiciones, estimó "muy difícil que se pueda mantener el necesario diálogo con las instituciones bolivianas para buscar un marco estable que permita acometer el proceso de fuerte inversión que precisa el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Bolivia".

Por su parte, la Fiscalía de Santa Cruz ha acusado a la filial boliviana de Repsol YPF de pactar en el año 2002 con Petrobras un acuerdo para exportar gas natural a precios menores de los establecidos, lo que supuso un perjuicio de 161 millones de dólares para el Estado boliviano. Sin embargo, la petrolera brasileña comunicó hace un par de semanas que el contrato se ha dejado sin efecto.