Nuevas Tecnologías

Según han señalado ambos ministerios, “el objeto de la norma es compensar los derechos de propiedad intelectual que los creadores dejarán de percibir por razón de las copias para uso privado, respetando así la normativa europea. No se trata, por tanto, de compensar la piratería”.

Así, el precio de los CD y DVD, los soportes más utilizados por los ciudadanos, se reducirá en un 22,7% (de los actuales 0,22 euros a 0,17) y un 26,6% (de 0,60 a 0,44 euros), respectivamente. La proposición, que entrará en vigor a mediados de enero, también se refiere a los DVD-R, que pasarían de tener un gravamen de 0,60 euros a 0,44 euros, mientras que el de los escáner se mantendría en 9 euros y el de las grabadoras de CD en 0,60 euros. En cambio, la carga para las grabadoras de CD y DVD se reduciría de 6,61 a 3,40 euros.

Asimismo, se contempla una bajada del 47% para las impresoras multifuncionales de inyección tinta (de 15 euros a 7,95 euros) y una reducción del 33,3% para las de tipo láser (de 15 a 10 euros). Sin embargo, se añade un canon a soportes que anteriormente carecían de él. Así, se ha añadido una tarifa para soportes de Memoria USB (0,30 euros), MP3 y MP4 (3,15 euros) y teléfono móvil/PDA MP3 (1,5 euros).

Las reacciones no se han hecho esperar 

Algunas asociaciones e instituciones implicadas con el canon digital no han querido esperar a manifestar y recordar su postura frente al mismo. Mientras Asimelec ha valorado positivamente el inicio de la tramitación administrativa del canon, a pesar de no estar de acuerdo con la propuesta, la Unión de Consumidores de España (UCE), por ejemplo, considera que el canon digital supone un "enriquecimiento" indebido para los autores.

Así, el viceprensidente de la UCE, José Angel Oliván, ha recordado que los usuarios que compren canciones o contenidos digitales para almacenarlos en estos dispositivos pagan por los derechos de autor cuando realizan las descarga, por tanto considera que se está facturando dos veces por los derechos de esos contenidos: a través de la compra y del dispositivo. Además, para Oliván resulta curioso que se reúnan Ministerio de Cultura e Industria, “es decir, los que representan a los autores y a los fabricantes. En esa reunión falta una pata, los que vamos a comprar los aparatos, los que vamos a pagar el canon, que no estábamos sentados ahí”.

Por su parte, para Asimelec la propuesta es netamente mejorable. En palabras de José Pérez, director general de la asociación, “asumimos que debe de existir canon, ya que así lo marca la ley, pero creemos que la propuesta presentada estaría necesitada de algunos ajustes técnicos para poder calificarla de satisfactoria, al menos desde un punto de vista de equilibrio entre industria, consumidores y los creadores”. 

Finalmente, la Asociación de Música en Internet ha manifestado que "el canon por copia privada perjudica considerablemente a todos los consumidores", que "perjudica especialmente a los consumidores de música en Internet que se ven sometidos a una múltiple imposición por el mismo hecho, ya que las plataformas respaldadas por las discográficas cobran un precio extra en las descargas que son aptas para ser grabadas en el disco duro y exportadas a otros soportes", y además han apuntado que "el canon perjudica gravemente a los músicos que trabajan con licencias copyleft".

Una propuesta ante la falta de acuerdo 

La elaboración de esta orden ministerial responde a lo previsto en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) aprobada por consenso el pasado mes de junio de 2006. La reforma contemplaba inicialmente que fueran las entidades de gestión colectiva de derechos de autor y las patronales de fabricantes de los equipos y soportes digitales quienes fijasen, mediante acuerdo, la lista de los equipos y soportes digitales que deberían estar sujetos al canon y las tarifas aplicables a los mismos.

Ante la falta de acuerdo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Cultura han presentado una propuesta conjunta concreta “tras meses de conversaciones con los diferentes agentes implicados”, propuesta que también responde al cumplimiento de la Directiva Europea 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los derechos de autor.