El Gobierno responderá a la CE que las condiciones de la CNE no violan las normas comunitarias
08/06 - Europa Press
El Gobierno español responderá "en las próximas semanas" al análisis preliminar remitido hoy por la Comisión Europea sobre las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la OPA de E.ON sobre Endesa y hará valer los argumentos defendidos en las comunicaciones precedentes: que el dictamen del regulador se ajusta a derecho y no viola en ningún caso la normativa europea, según fuentes gubernamentales.
Las mismas fuentes indicaron que la comunicación de Bruselas se enmarca en los "procedimientos normales" de la relación de la Comisión con los Estados miembros, e insistieron en que el análisis realizado tiene una "consideración preliminar", está formulado de forma condicional (no tiene ningún carácter imperativo ni en la forma ni en el fondo) y los argumentos que expone "no son en ningún caso definitivos".
Con todo, expresaron la disposición del Ejecutivo español a contestar "en las próximas semanas" a esta nueva comunicación de la CE, insistiendo en los argumentos esgrimidos en pasadas comunicaciones. El Gobierno tiene intención de contestar a todas las cartas que le sean remitidas sobre este tema hasta que Bruselas tome una decisión definitiva.
Así, el Gobierno considera que las dudas suscitadas en Bruselas sobre si las 19 condiciones impuestas por la CNE a la operación son contrarias a la libre circulación de capitales en la UE "no son tales", ya que en el momento en el que el organismo regulador de los mercados energéticos españoles aprueba la OPA de E.ON sobre Endesa esta posibilidad "se cae por su propio peso". "Ese argumento sería válido si la CNE hubiera vetado la operación, pero como la ha aprobado se desmonta totalmente, ya que E.ON tiene la posibilidad de adquirir Endesa e instalarse en España", explicaron desde el Gobierno.
De acuerdo con la Constitución Europea actualmente en vigor, la Comisión Europea no tiene competencias en materia energética, pero sí tiene atribuciones sobre competencia y libre circulación de capitales. Por tanto, el Gobierno español considera que está en su "legítimo derecho" de garantizar el suministro energético en aras del interés nacional, algo que se ajusta a la normativa comunitaria.
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