Economía

El juez decidirá en un auto que hará público en los próximos días la apertura de juicio oral o el archivo de la causa, solicitada por la defensa.

Todas las defensas se adhirieron a la tesis expuesta por el abogado de Ybarra, Horacio Oliva, en la que solicitaba el archivo de la causa al no existir perjudicados. "Ni siquiera el banco reclamó los hechos", subrayó. Según expuso el abogado, los delitos societarios están considerados como semipúblicos por lo que la Fiscalía "no tiene capacidad para ejercer la acusación en solitario".

La defensa de Ybarra alegó que las operaciones financieras realizadas a través de dos cuentas inscritas en los paraísos fiscales situados en la Isla de Jersey y en Lienchestein, investigadas por la Audiencia Nacional, aportaron al BBV unos beneficios de 225 millones de euros (37.427 millones de pesetas).

Unas ganancias extracontables no contabilizadas en las cuentas anuales de 1998 y 1999 que fueron regularizadas por el ya BBVA en su ejercicio de 2000 y por las que pagó 78,1 millones de euros (13.000 millones de pesetas) en concepto de Impuesto de Sociedades, explicó Oliva.

La defensa matizó que el delito por el que se juzga a Ybarra y a los cuatro directivos no afectó a la pluralidad de personas representada por el Ministerio Fiscal, no ocasionó los daños patrimoniales que requieren los delitos societarios para ser juzgados, ni perjudicó a las cuentas del Estado por un posible fraude a la Hacienda pública.

Por su parte, el fiscal Juan Pavía, defendió el carácter público del delito y su legitimidad alegando la "capacidad ofensiva" que posee un banco nacional como el entonces BBV para "poner en peligro el perjuicio de los accionistas, clientes y trabajadores". El fiscal destacó la posición central del banco en la economía nacional y la "generalidad de personas" que depositan en ellas sus recursos financieros.

Pavía consideró que la ocultación de estos beneficios en los ejercicios del 98 y 99 dio lugar a que 225 millones de euros se quedaran "fuera del control institucional y del conocimiento de los accionistas y trabajadores", corriendo el riesgo de desaparición y atentando contra el principio de transparencia de las entidades financieras.

La regularización de estos activos extracontables en las cuentas de 2000, a raíz de la fusión del BBV con Argentaria en octubre de 1999, dio lugar a un "desfase temporal" no permitido en el Plan General de Contabilidad, alegó el fiscal.

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