Economía

La junta directiva del Colegio de Economistas de Andorra dimitió en bloque el pasado jueves, en protesta contra un gobierno que sigue retrasando la entrada en vigor de una ley que regule este sector. El texto de la nueva norma, que fue consensuado entre el gobierno y el mencionado colegio, recoge medidas regulatorias que pondrían fin al intrusismo profesional que denuncian los colegiados desde hace años. A pesar de las promesas del Jefe de Gobierno, Albert Pintat, y del titular de economía, Joel Font, la ley todavía no ha entrado a trámite parlamentario.

Fuentes del Gobierno de Andorra consultadas por Noticias.com reiteraron la posición defendida por la ministra portavoz, Montserrat Gil, en la conferencia de prensa posterior a la sesión ordinaria del consejo de ministros del pasado miércoles, según la cual “el gobierno no se rige por las amenazas” del colegio de economistas , y añaden que el retraso en la entrada a trámite de la nueva ley se debe “sencillamente a una cuestión de terminios”.

Los economistas están cansados de pedir esta ley "como si fuera caridad"

Según el ex decano del Colegio de Economistas, Gerard Martínez, este último episiodio ha agotado la paciencia de su Junta Directiva, que “está cansada de reclamar esta ley como si fuera caridad”. En declaraciones a Noticias.com, Gerard Martínez denunció que “se están efectuando presiones” al gobierno andorrano por parte de los profesionales extranjeros “que carecen de la calificación y la competencia” para ejercer en el Principado. “Estas presiones”, añade Martínez, “se ejercen cerca de los poderes ejecutivos y legislativos, para ralentizar el proceso de regulación”.

Desde España, el Consejo General de Colegios de Economistas rehúsa hacer ningún tipo de declaraciones sobre este asunto.

Un sistema económico poco transparente

La regulación del sector de los economistas tiene una importancia añadida en Andorra si tenemos en cuenta, tal y como afirma Gerard Martínez, que “los principales responsables de que se cumpla con la transparencia económica en nuestro país son los economistas, y en particular los auditores y consultores de empresa”.

Andorra forma parte de la lista de 35 paraísos fiscales identificados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y figura además entre los cinco considerados “no cooperantes”.

En 2002, ocho de los once bancos autorizados de Andorra pertenecían a entidades españolas

Francesc Casals, Primer Secretario del principal partido de la oposición en Andorra, el Partido Socialdemócrata, declaró a Noticias.com que “es evidente que si el Partido Liberal no nos ha sacado de esa lista en los 13 años que hace que gobierna, es porque no le interesa”.

La ambigüedad del interés de las autoridades andorranas por abandonar la “lista negra” de la OCDE ha sido repetidamente denunciada por organizaciones como ATTAC, cuyo coordinador de la Comisión de Paraísos Fiscales, Juan Hernández Vigueras, declaró a Noticias.com que "en realidad, las oligarquías locales son las que más se benefician del capital extranjero, ya que muchas de las autoridades locales tienen participación en la actividad financiera".

Tras una amplia investigación realizada en 2002, el Fondo Monetario Internacional (FMI) identificó un fuerte vínculo del sistema bancario andorrano con España. Las conclusiones del estudio revelaron que ocho de los 11 bancos autorizados de Andorra pertenecían a entidades españolas. En su conjunto, los activos alcanzaban 11.800 millones de euros. Del mismo modo, el principado registraba unas inversiones de terceros en los bancos por valor de 12.700 millones de euros, frente a un Producto Interior Bruto (PIB) de algo más que 1.500 millones de dólares (cerca de 1.250 millones de euros).

La cantidad de dinero que circula tanto en Andorra como en todos los paraísos fiscales, sin embargo, es un dato estimado. Del mismo modo, las investigaciones no llegan a identificar quienes son los depositantes de los recursos. Una investigación más profunda revelaría no sólo los nombres de personas y grupos empresariales que esconden detrás de esta actividad, sino también la cantidad que dejan de percibir los Estados a causa de la utilización de servicios financieros en los paraísos fiscales.