Economía

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, valoró la aprobación de esta norma como un "hito histórico" y agradeció la participación de los distintos grupos parlamentarios. Según dijo, esta norma reconoce "un nuevo pilar del Estado del bienestar en el que sustentar la cohesión española".

"Hoy empezamos a poner los cimientos y espero que, dentro de unos años, podamos sentirnos, como españoles, tan orgullosos como lo estamos de nuestro sistema de Seguridad Social, Educativo o del  Sistema Nacional de salud", destacó.

La denominada Ley de la Dependencia reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir una atención por parte del Estado cuando no puedan valerse por sí mismos al llegar a la vejez o como consecuencia de un accidente o enfermedad. Los ciudadanos deberán realizar una aportación, en función de su renta, pero nadie quedará desatendido por falta de recursos.

La norma reconoce el derecho a recibir servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, centros de día o residencias, así como prestaciones económicas vinculadas a la contratación de servicios privados. Además, recoge la posibilidad de que los cuidadores familiares reciban una compensación económica y sean dados de alta en la Seguridad Social.

Tras su entrada en vigor, tendrá un desarrollo gradual, hasta 2015 y se empezará a aplicar sobre las personas dependientes que se encuentren en peor situación. Las personas que se sitúen en el grado I serán aquellas que presenten una dependencia moderada, esto es, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día. El grado II será de dependencia severa, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador. El grado III, que se clasifica como gran dependencia, se otorgará cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía mental o física, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona.

Según la memoria económica, la Administración General del Estado aportará 13.000 millones de euros hasta 2015 para garantizar las prestaciones y servicios básicos del sistema. Las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en la materia, deberán aportar una cantidad similar.