Economía

La principal conclusión del informe indica que las empresas acreedoras no están utilizando los derechos que les otorga la nueva legislación ni implementado las medidas recogidas en la nueva legislación y, por consiguiente, muy pocas están aplicando empresas de demora. “Esta ley contribuye a mejorar el marco normativo de las relaciones comerciales y la posición del acreedor, pero no constituye una panacea contra la morosidad”, matiza Brachfield.

Asimismo, el estudio destaca que España sigue ocupando uno de los primeros lugares del ranking europeo de demoras en los cobros en sectores básicos como la alimentación y la construcción. El plazo medio de cobro en el sector de alimentación es de cien días y doscientos en el caso de los proveedores del sector de la construcción. Por su parte, ningún Servicio Autonómico de Salud del Estado cumple con el plazo de pago de 60 días, que es el obligatorio para todas las administraciones públicas.

La explicación a este fenómeno hay que buscarla, según el estudio, en el desconocimiento que hay entre las pymes del contenido de la nueva legislación. En segundo lugar, las empresas son reticentes a aplicar la ley por miedo a perjudicar sus estrategias comerciales de penetración en el mercado y por el imperativo de los departamentos comerciales de aumentar las ventas año tras año. Por último, los proveedores que conocen la Ley son reticentes a la hora de aplicar los derechos que ésta les otorga por miedo a enturbiar las relaciones con sus clientes o a perderlos definitivamente a favor de otros suministradores más “tolerantes”.

Propuestas

El informe también recoge diez propuestas del Centro de Estudios de Morosología que tienen como objetivo mejorar la aplicación práctica de la Ley. Una de ellas, expone la necesidad de desarrollar un Reglamento que determine cuándo serán consideradas abusivas o excesivas las cláusulas en los plazos de pago. Otra propuesta se centra en la creación de un organismo oficial que tutele la aplicación de la Ley, o bien un Servicio de Defensa del Proveedor. Brachfield también considera necesaria la reforma de la legislación cambiaria y la regulación de las empresas de recobro de deudas o cambios en la Ley de IVA para poder recuperar el impuesto de facturas incobrables.

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