Economía

El proceso de cooperación Euro-Mediterránea representa uno de los mayores objetivos de la UE, destinado a intensificar, a todos los niveles, las relaciones entre los 25 y los 10 países mediterráneos asociados. Estos 35 países forman lo que se conoce como Proceso de Barcelona, cuya principal meta es el establecimiento de una zona Euro-Mediterránea de libre comercio en el año 2010. El éxito de este proyecto depende, según los participantes en la “Mediterranean Finance Week Barcelona”, de la aplicación de políticas impulsadas por la UE que den apoyo al área mediterránea, junto con la consolidación de las reformas económicas en los países que forman parte del proceso.

En este sentido, Philippe de Fontaine, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha anunciado que la institución financiera está “dispuesta a abrir nuevas oficinas en el Mediterráneo si la actividad lo justifica” y que reforçará durante lo próximos tres años las líneas de financiación FEMIBE con 10.000 millones de euros, gran parte de los cuales se destinarán a cubrir inversiones de las pymes en la zona mediterránea. Ahora bien, el desarrollo de la zona depende de que “los actores privados muestren cierta vitalidad”. De la misma opinión es el Ministro de Finanzas y Privatización de Marruecos, Fathallah Oualalou, quien ha requerido al BEI que desarrolle “nuevos mecanismos para animar a que los inversores privados se orienten hacia el Mediterráneo”. Antoni Castells, Consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, ha coincidido en que “las empresas privadas deben ser las protagonistas”.

Retos del mercado de capital de inversión

El pasado año, la inversión directa extranjera financió en la región mediterránea (MEDA) un total de 686 proyectos por un valor de 44.000 millones de euros. El capital de estas inversiones provino en un 42% de Europa, un 28% de los Países del Golfo y un 16% de América del Norte. Los sectores más beneficiados fueron el de las TIC y la innovación, los servicios y la energía.

A pesar de los esfuerzos realizados en este sentido, la inversión es todavía “insuficiente”, según Juan Prat, embajador en misión especial para asuntos del Mediterráneo del Ministerio español de Asuntos Exteriores y Cooperación. “Estamos convencidos de que es necesario hacer un esfuerzo superior”, ha dicho Prat, quien también ha manifestado que “los países del sur queremos seguir impulsando el Proceso de Barcelona con hechos y no sólo con palabras”.

Para François Pontet, cofundador y secretario general de la Asociación Euromediterránea de Capital, “el capital de inversión es la mejor herramienta para las Pyme”. Sin embargo, en la zona existen notables diferencias en este mercado: mientras que en países como Israel, Francia, España, Portugal, Italia y Grecia el capital de inversión se encuentra en fase de madurez, en otros como Jordania, Libia, la Autoridad Palestina, Siria, Chipre y Malta no existe actividad en este sentido. Bajo su punto de vista, para traspasar el modelo europeo a la región MEDA existe un “obstáculo cultural importante y debería haber empresas dispuestas a la apertura hacia el capital de inversión”. Para hacer frente a esta dificultad, la zona MEDA necesita una estructuración jurídica y fiscal, desarrollar una mentalidad de empresa, modernizar sus mercados financieros y bancarios y contar con operadores especializados, lo cual es, para Pontet, “el principal obstáculo”.

En concreto, para el mundo árabe la mayor traba está en que “la inversión responde al crecimiento económico y no a la inversa. Por tanto, el bajo crecimiento no atrae inversión”, según ha explicado Youssef Al Khalil, director financiero del Banco del Líbano. A ello hay que sumarle una “productividad baja y débil”. Según Al Khalil, la eficacia del mundo árabe “podría mejorar gracias a una intervención europea”.

Pero, ¿cómo hacer que el mercado de capitales fije su atención en el sur? Para Roberto Gili, presidente de Alta Partner, la solución pasa por consolidar la estabilidad jurídica, macroeconómica y fiscal, por mejorar el clima empresarial, por liberalizar el comercio y abrir la economía y por mejorar la eficiencia de las instituciones públicas.