Economía

"Algunas de las condiciones de la CNE, que son competencia comunitaria, no pueden mantenerse, aunque no son todas", subrayó Solbes, en declaraciones a Onda Cero, tras afirmar en que la Comisión Europea ha dado al Gobierno español "argumentos sólidos" acerca de la necesidad de eliminar algunas condiciones del organismo regulador.

En este sentido, señaló que Bruselas ha indicado al Ejecutivo que no está de acuerdo con algunas de las condiciones impuestas a la OPA de E.ON sobre Endesa, en algunos casos porque las considera excesivas y, en otros, porque se inmiscuyen en materias que son competencia de la Comisión Europea.

"Creo que el documento de la Comisión hay que estudiarlo en profundidad y creo que hay argumentos sólidos que no son fáciles de rebatir diciendo simplemente que no me gustan. Si tenemos argumentos contrarios, hay que utilizarlos, y si no los tenemos, habrá que aceptar la validez de los argumentos europeos", añadió Solbes, tras recordar que el Gobierno español enviará sus alegaciones a Bruselas el próximo 13 de septiembre.

Solbes apuntó que existe una segunda línea de trabajo en esta operación, que son los recursos de alzada que han presentado tanto E.ON como Endesa contra las condiciones de la CNE. Así, indicó que el Ministerio de Industria deberá tomar una decisión final teniendo en cuenta los argumentos de estas empresas y las consideraciones de Bruselas. "A partir de aquí, tendremos que buscar una solución, que espero nos permita resolver este contencioso", subrayó. 

La CE decidirá

Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea (CE), Joaquín Almunia, dejó claro hoy que será la propia Comisión  la encargada de decidir si la OPA de E.ON sobre Endesa reúne las condiciones acordes con las reglas de la competencia y de funcionamiento de los mercados.

Almunia, en una entrevista en RNE, señaló que la Comisión Europea "tiene unas posiciones muy claras", y que "las conocen tanto las empresas implicadas como las autoridades españolas y alemanas".

"No son unas reglas caprichosas que se haya inventado la Comisión, están asumidas y definidas por todos los estados miembros", añadió Almunia, quien concluyó que "no se trata de acuerdos entre gobiernos. Los que tienen estar de acuerdo son la Comisión Europea y las empresas correspondientes".