La venta troceada de Applus plantea la eliminación de puestos de trabajo y la oposición de la Generalitat de Catalunya
El interés de Bureau Veritas y SGS por adquirir alguna de las divisiones de Applus (las ITV, Idiada, la holandesa RTD y Soluziona Calidad y Medio Ambiente) se explica por el actual entorno de concentración en el sector de la certificación, por lo que alguna de las dos compañías podría apostar por las estructuras de Applus que reforzasen su presencia en alguno de los mercados en las que todavía les resulta minoritaria.
De hecho, los accionistas de la certificadora, Agbar (53,1%), Unión Fenosa (25%) y Caja Madrid (21,9%), le han pedido a Citigroup, banco que tiene el mandato de venta, que reparta una descripción de la compañía a 40 candidatas, entre las que están Bureau Veritas y SGS, donde se pide que se presente un precio por la totalidad del grupo y otro por las ITV antes de este viernes 15 de junio. A pesar de que las propuestas no serán vinculantes, es previsible que a partir de este viernes se conozcan las compañías mejor posicionadas para comprar Applus.
Dificultades
Sin embargo, una venta fragmentada presenta diversas dificultades. En primer lugar, una venta fraccionada introduce incertidumbre en cuanto a los empleados de Applus, más aún cuando “la propia dirección de la empresa tampoco sabe como quedarían los departamentos” en el caso de que se consumase una venta por partes, según Manel Álvarez, Secretario General de oficinas y despachos de CCOO en Catalunya. Sin embargo, en declaraciones a Noticias.com, Álvarez ha asegurado que “en las primeras conversaciones que mantuvimos con Joaquim Coello (Consejero Delegado de Applus), ya pedimos que todo el personal de los servicios centrales de la compañía se distribuyeran entre las cuatro divisiones”.
Para Álvarez, por otro lado, el escenario cambiaría sustancialmente si los compradores fueran empresas industriales o fondos de capital riesgo. En el primer caso, Bureau Veritas y SGS son las que están mejor posicionadas para hacerse con Applus, según Álvarez, y más si se tiene en cuenta que se trata de “grupos industriales que siempre han manifestado su interés” por la compañía. Sin embargo, las pretensiones de un fondo de capital riesgo se reducirían a “invertir dinero para recoger mucho más dinero”, una opción mucho menos estable a nivel laboral, según el Secretario General de oficinas y despachos de CCOO en Catalunya. De todas formas, en el caso de que la venta troceada de Applus plantease dificultades laborales, “entenderíamos la venta como un conjunto en relación a la acción sindical, de manera que estaríamos muy pendientes de lo que afectase a los trabajadores de Catalunya”.
En segundo lugar, no hay que olvidar que la Generalitat de Catalunya tiene mucho que decir, en tanto que posee un 20% en Idiada, el laboratorio y pista de pruebas para automóviles, y que LGAI Technological Center, perteneciente también a Applus, está adscrito al Departamento de Industria de la administración catalana desde 1984.
En este sentido, Manel Allué, Responsable de empresas públicas de la Generalitat de Catalunya del sindicato UGT en Catalunya, ha asegurado a Noticias.com que “según nos ha comunicado a la UGT, la Generalitat no ha dado ninguna autorización para vender, y el accionariado no moverá un dedo sin su permiso”, a la vez que ha recordado que “gran parte del suelo donde se desarrolla el negocio de Applus es suelo público, empezando por su sede central, situada en los terrenos de la Universidad Autónoma de Barcelona”. Es más, según Allué, para evitar otra “maniobra especulativa” como la de Candover, “la Generalitat debería recuperar más mano pública en Applus para asegurar la estabilidad”.