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Viernes 05 del Septiembre de 2008 — Actualizado a las: 17:35 PM

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El Tribunal Supremo anula el traslado de la sede de la CMT a Barcelona
11/06 - Redacción

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el traslado de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona, al estimar los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y un grupo de trabajadores. El cambio de sede a Barcelona se realizó hace ya alrededor de un año.
 

El Tribunal ha considerado insuficientes algunos de los informes emitidos en el procedimiento de elaboración del Real Decreto de 30 de diciembre que acordó el cambio de sede y por ello ha decidido anularlo. La sentencia se hará pública en los próximos días, así como los votos particulares anunciados por algunos de los magistrados que componen la Sala. Precisamente, la CMT ha declinado pronunciarse sobre la anulación a la espera de “conocer” los detalles de dicha sentencia.

Antecedentes

La Comunidad de Madrid recurrió el 23 de marzo de 2005 el traslado, porque consideraba que esta decisión del Gobierno central estaba "basada en simples motivaciones políticas de oportunidad o conveniencia" y que no se trataba de una “descentralización” sino de una “deslocalización”. Por su parte, los trabajadores de la CMT recurrieron la decisión del Gobierno al entender que infringía la Ley General de Telecomunicaciones.

El traslado fue fruto de la aprobación del citado Real Decreto en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2004, en cumplimiento del acuerdo alcanzado el mes de julio de ese mismo año entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall.

El Ejecutivo adoptó esta medida porque, bajo su punto de vista, "el cambio de sede corresponde a la lógica y principios inherentes a la naturaleza del Estado de las Autonomías". El acuerdo del Consejo de Ministros preveía que la CMT, "en el ámbito de sus competencias", adoptase las "medidas necesarias" para cambiar la ubicación de la sede a lo largo de 2005.

Reacciones

Después de conocerse la decisión del Tribunal Supremo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio consideró que "no deslegitima ni cuestiona" la iniciativa del Ejecutivo. Una portavoz del Departamento citado por Europa Press explicó que "la resolución del Supremo no cuestiona ni el Real Decreto ni el traslado; no pone en duda ninguna decisión, sino que habla de falta de información". Asimismo, aseguró que después de conocer la sentencia se cumplirá “de manera escrupulosa”, es decir, aportando la información a la que se haga referencia.

El conseller de Economía en funciones de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castells, ha asegurado que “respetamos pero deploramos” la decisión, aunque el Ejecutivo catalán esperará a leer la sentencia para pronunciarse “con más detalle”.

Los partidos políticos también han expresado su visión sobre la anulación del traslado de la CMT. El portavoz adjunto del PP, Vicente Martínez Pujalte, ha indicado que su grupo "acata y respeta" la decisión del Tribunal Supremo, a la vez que ha subrayado que la transferencia a Cataluña de este órgano fue "una decisión dictatorial de Zapatero y un pago al tripartito y a los acuerdos del Tinell".

Por su parte, el candidato de IU a la Alcaldía de Madrid y portavoz económico de IU-ICV en el Congreso, Angel Pérez, ha mostrado su satisfacción y espera que se restablezca la "racionalidad" en la utilización de los organismos reguladores.

CiU, a través de su portavoz de Presupuestos en el Congreso, Jordi Vilajoana, ha considerado que el anterior ministro de Industria José Montilla “no hizo bien los deberes”. Asimismo, ha exigido que Joan Clos, actual titular del Departamento, tome las medidas oportunas para arreglar ese “error imperdonable”, ya que según CiU la CMT no debe salir de Cataluña.

También para ERC es una “muy mala noticia” y un “paso atrás” la anulación del traslado. El portavoz de Industria del grupo en el Congreso, Jordi Ramon, ha asegurado que su formación hará lo necesario, si es preciso promoviendo una nueva ley, para completar la ejecución de ese traslado y para que la descentralización no se decida en los tribunales.

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