El próximo 22 de marzo, con motivo de la ya próxima inauguración de  la Terminal Sur del Aeropuerto de El Prat, tan tardía por cierto, tendrá lugar en el IESE de Barcelona un acto convocado por parte de las más significativas instituciones y personas de los ámbitos académicos, universitarios, empresariales y profesionales. Su propósito es solicitar una reflexión a AENA sobre tratamiento de dicho aeropuerto, en un debate – explicitan – desapasionado y puramente académico, y –lo que entiendo de especial significación- pidiendo expresamente a las formaciones políticas que se abstengan de asistir al acto.

Ya diversas entidades y organizaciones, lideradas por la “Associació Catalana de Professionals” había iniciado una plataforma y campaña en contra de la concepción nacional-centralizadora del Ministerio de Fomento y AENA, en sintonía, si no ayuda a Iberia, consistente en la estrategia de concentrar todos los vuelos intercontinentales en el Aeropuerto de Madrid, y hacer de los demás aeropuertos españoles meros suministradores subsidiarios de pasajeros a él. Otra iniciativa pues de la “sociedad civil” al margen de las formaciones políticas.

"Un sistema centralizado y público de aeropuertos como el español es un caso único en todos los estados de la OCDE"

Medios de comunicación, entidades y personas estaban ya hace tiempo y están ahora clamando contra la negativa durante ocho años a conceder “slots” a Star Alliance, la escasez (comparativa) de inversiones y los retrasos e incumplimientos de las disposiciones presupuestarias.

El hecho de este verdadero fenómeno social es susceptible de dos reflexiones. Cada una de ellas relativa respectivamente, a cada uno de los sujetos que lo protagonizan.

La primera concerniente a AENA, a quien, en el título de este artículo, hemos denominado como la “anomalía española”. Y es que, en efecto, lo es. Un sistema centralizado y público de aeropuertos como el español es un caso único en todos los estados de la OCDE (quizá con la excepción de Rumanía: 22,3 millones de habitantes, 237.500 Kms2, en reciente proceso de democratización). Y un sistema simplemente centralizado, aunque no fuera además público, es particularmente excepcional en el área europea más próxima y potente. ¿Por qué pues esta anomalía? ¿Somos los únicos listos, los únicos eficientes, los únicos bien dotados para una gestión aeroportuaria eficaz, que todos los demás Estados consideran no idónea, o es que no son éstos los parámetros que se están teniendo en cuenta, sino la existencia de elementos ideológicos, más concretamente: nacional-ideológicos?

De 1991 a 2004 se destinó al aeropuerto de Barajas el 54’5 % de todos los recursos vertidos en este tipo de equipamientos, y a los tres aeropuertos de Cataluña, por ejemplo, el 14,2%. Lo que equivale a una inversión de 1.228 € por habitante en Madrid y 267 € por habitante en Cataluña. Madrid en efecto tiene el 12,91 % de la población española y produce el 17.7 % del PIB estatal. Cataluña, por su parte, el 15,46% de la población y el 18,8 del PIB, en ambos casos, del total español. Lo propio cabría decir de (casi) todos los demás aeropuertos españoles, en especial  en Baleares y Valencia, pero nos referimos a los catalanes porque el levantamiento de la sociedad civil que genera este artículo se produce respecto de ellos. 

“La sociedad civil entiende que es ella quien debe tomar las riendas de la res pública o de parcelas muy importantes de la misma"

La segunda reflexión concierne a este segundo sujeto del fenómeno: la sociedad civil. La mera existencia de una tal expresión y por tanto del concepto mismo y la realidad que expresa, debería llamar la atención por sí sola en un estado democrático. Pero más aún cuando esta “sociedad civil” entiende que es ella quien debe tomar las riendas de la “res pública” o de parcelas muy importantes de la misma, salir a la palestra, intervenir directa y públicamente y, de modo expreso, al margen de las organizaciones políticas. Es decir: al margen de esta otra “sociedad”, la  política, que por tanto es percibida por ella como “otra” sociedad: como una “sociedad” al margen de la sociedad, si me permiten el juego de palabras, creo que esclarecedor. 

Su existencia y su actividad evidencian, entiendo, una crisis de representatividad del sistema, que un servidor empieza a percibir como grave. Y una crisis de representatividad en un sistema democrático es un torpedo a su línea de flotación  de consecuencias a la larga imprevisibles. Muchos factores contribuyen a ello: el sistema de formación de las listas electorales; la férrea disciplina de opinión y voto en el funcionamiento real y cotidiano de los partidos; la más férrea disciplina de voto en los órganos parlamentarios; la formación por tanto de la voluntad y decisiones de los partidos de arriba abajo y no de abajo a arriba; el olvido de la defensa de las causas generales y hasta programáticas, en provecho de éxitos – muy dudosos a largo plazo - partidistas; la ley y las circunscripciones electorales. Muchos factores ciertamente, sin olvidar la pésima calidad, cuando no ausencia, de debate político, contribuyen a ello. Tantos, que sólo apuntados aquí algunos, su análisis excede a las posibilidades de este modesto artículo. Y a las de su autor.