En el primer semestre de 2006 el número de personas ocupadas rebasó la cifra de 19,5 millones. En la última década el empleo creado fue de 6,71 millones lo que da una cifra media de más de 650 empleos netos por año. Se ha conseguido sin recurrir a recetas mágicas como el reparto de trabajo y sin necesidad de tasas de crecimiento como las que se dan en China. Las cifras totales son buenas pero no deben hacer olvidar que la proporción de empleo temporal es elevada y que la productividad por persona ocupada (en parte debido al rápido crecimiento del empleo) no sube, lo que hace temer por la sostenibilidad de este empleo si sobreviene una fase recesiva.

“Una situación económica holgada ayuda a mejorar la calidad del empleo y a aumentarlo”

El marco de actividad en que ha sido posible el crecimiento de la inflación se caracteriza por la estabilidad monetaria, por el equilibrio presupuestario del sector público, por el mantenimiento de la duración de jornada, baja conflictividad (aunque a veces demoledora como los incidentes del aeropuerto del Prat de Llobregat en verano) y por aumentos salariales moderados. Las expectativas sobre estos puntos son tan importantes como lo ya conseguido y deberían mantenerse porque los riesgos externos, por ejemplo el precio de la energía y la competitividad de los nuevos países industrializados, son elevados y crecientes.

La inmigración recibida ha tenido un papel importante, pero debe tenerse presente que dos tercios del nuevo empleo creado ha sido ocupado por españoles. La inmigración seguirá siendo conveniente, pero conviene ordenar las nuevas entradas y evitar los riesgos de toda índole asociados al descontrol. Una situación económica holgada ayuda a mejorar la calidad del empleo y a aumentarlo, pero no basta si se prescinde de un esfuerzo enérgico (y eficaz) en la mejora de la calificación profesional, en la flexibilidad laboral interna y externa, en la organización del tiempo de trabajo y en la regulación de la huelga. El resto del entorno, en forma de regulación excesiva y a veces innecesaria, insuficiencia de infraestructuras y una presión fiscal sobre la actividad empresarial que está en lo más alto de la UE, también debe acompasarse con las exigencias de competitividad.