La semana pasada asistí al XV Congreso de Censores Jurados de Cuentas de España que se celebró en la ciudad de Bilbao, donde se debatieron los retos ineludibles que tiene que afrontar la profesión auditora derivados de los efectos de la transposición de la Octava directiva europea a nuestra legislación y de la  profunda reforma contable y mercantil que se encuentra en proceso.

La transposición de esta directiva y la mencionada reforma contable y mercantil no sólo afectará a los auditores; afectará a las empresas y a los usuarios de la información financiero contable.

En relación a la reforma contable y mercantil y más específicamente al proyecto de Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional en base a la normativa de la Unión Europea en mi artículo del pasado día 12 de septiembre mencionaba que se preveía que las cuentas del ejercicio 2007 se elaborarían ya de acuerdo con esta nueva normativa.
 
Después de escuchar a los distintos ponentes del mencionado Congreso y faltando sólo dos meses para terminar el año pienso que esta reforma no se implantara en los plazos previstos debido a la multitud de sugerencias de cambio que ha generado y que se han materializado en parte en un centenar de enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos (103 son las que figuran en el boletín de las Cortes del día 9 del mes de Octubre). Por otro lado se ha puesto de manifiesto que no se ha tenido en cuenta el introducir en esta reforma normas para las PYMEs.

“Dejar de ser los únicos profesionales en Europa que tienen una responsabilidad ilimitada es una reforma inaplazable”

En relación a la transposición de la octava directiva cuyo plazo esta previsto para el segundo trimestre del 2008, el colectivo de auditores ve que existe claramente una oportunidad para lograr en nuestro país un entorno regulatorio adecuado y en línea con Europa y disponer de una nueva y moderna Ley de Auditoria y de su correspondiente reglamento y no de una mera reforma de la actual.

Dentro de este nuevo marco normativo creo que hay dos acciones que deberían ser prioritarias. La primera es sin lugar a dudas la reforma de la responsabilidad del auditor y la segunda la reforma del modelo de supervisión de la profesión.

La situación actual de la responsabilidad en España es la de una responsabilidad ilimitada. En Mayo del 2005 el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) presentó una Proposición no de Ley, aprobada por la Comisión de Economía y Hacienda, de reforma del régimen de responsabilidad civil exigible a sociedades o auditores de cuentas a fin de que la misma fuera proporcional en relación a su responsabilidad directa en los daños realmente causados por su actuación profesional y dejar así de ser los únicos profesionales en Europa que responden de forma ilimitada. Hasta la fecha, y ya ha transcurrido más de un año y medio, el Gobierno no ha procedido todavía a realizar las necesarias  modificaciones legislativas y normativas. Creo sinceramente que esta es una reforma inaplazable.

Respecto al modelo de supervisión de la profesión auditora española quedó claro que lo que los profesionales y la sociedad en general demanda es un modelo basado no en la desconfianza sino en la colaboración mutua con la idea de fomentar la cultura de la calidad y proteger en todo momento el interés público. Esperemos que así sea.