Hace pocos meses, los políticos del Tripartito catalán lanzaron un globo sonda sobre la posibilidad de reducir el límite de velocidad, en el cinturón metropolitano de Barcelona, a 80 km/h. Sus argumentos se fundamentaban en la contaminación atmosférica. Ciudadanos, medios de comunicación, e incluso el mismísimo RACC arguyendo fuentes científicas, no estuvieron muy de acuerdo con esa decisión. Quizá eso hizo mella en los dirigentes catalanes que, por lo visto, no han procedido, todavía, a aplicar dicha medida.

No obstante, el argumento de la contaminación atmosférica se me antoja pueril. Yo más bien diría dos cosas: a) que nos toman, en muchas ocasiones, por idiotas, y b) que no es más que una burda forma de maquillar un enorme interés recaudatorio, escondiendo, a su vez, una manera de enriquecer a los fabricantes de radares.

El ser humano es un ser inteligente, a la vez que egoísta por naturaleza. Si los coches contaminan es, simplemente, porque utilizan energía contaminante. Los intereses de los productores de petróleo, así como el coste desorbitado del cambio de estructura de suministro derivado del petróleo, a otro de base eléctrica, alcohólica, eólica, o de otro tipo, impiden que los coches contaminen mucho menos, o que incluso, ni siquiera contaminen. Es fehaciente la demostración de que los grandes fabricantes de automóviles están más que preparados para desarrollar unidades que funcionen con otro tipo de energía.  Pero, como decía Pascal, “el corazón tiene razones que la razón desconoce”.

"El problema no está en ir a 80 km/h sino en fabricar automóviles que contaminen menos"

Ergo, el problema no está en ir a 80 km/h, como máximo, sino en estudiar la posibilidad de fabricar automóviles que contaminen menos. Tampoco parece cierto que los coches, a 80 km/h., contaminen menos que yendo a 100 km/h. Y lo que sí que es cierto es que contaminan mucho más parando y arrancando en los infaustos atascos de la mañana o del regreso a los hogares.

No obstante ello, los políticos también afirman que, de ese modo, se evitan accidentes y, en consecuencia, muertes injustas en las carreteras catalanas. Otra zafia banalidad, dado que los datos estadísticos manifiestan lo contrario. Puestos a pedir, yo creo que “para evitar los accidentes, lo mejor sería prohibir la circulación de los coches, aunque, en cualquier caso, los hombres ya se inventarían otra manera de morir por accidente”. Poner trabas a la velocidad, sin frase subordinada, no es asegurar evitar muertes, es simplemente tratar de niños pequeños a la gran mayoría de conductores.

Muy engorroso sería emponzoñar este artículo con muchas cifras, pero es preciso citar algunas que, por más señas proceden de la propia Generalitat de Catalunya, en su Anuario Estadístico de Accidentes de Tráfico 2006. Sólo el 11% de los accidentes de tráfico son motivados por la velocidad, siendo el 38% por infracciones. Ello quiere decir que el 51% restante son accidentes, digamos naturales, por error humano. Perseguir el error humano involuntario es como querer multar a un camarero por habérsele caído el café de la bandeja. De los 400.000 controles preventivos que los mossos d’esquadra realizaron durante 2006, el 93’8% resultaron ser negativos. ¿Para qué tanto gasto en capital humano y económico, para demostrar que la gran mayoría de ciudadanos no vamos ebrios conduciendo? ¿Y del 6’2% restante, cuántos sólo sobrepasaban ligeramente el límite? Catalunya tiene 140 muertos por cada millón de habitantes, cifra dolorosa, pero no muy lejana de los 144 franceses, o los 146 de Dinamarca.

Pero, ¿y el tiempo?

Si la velocidad media en carretera, en Catalunya, año 2006, fue de 73 km/h., las limitaciones harán que esa media pueda bajar. Según un estudio de la Fundación Abertis y del Servei Català del Trànsit, los conductores catalanes condujeron un total de 35.402 millones de kilómetros, o lo que es lo mismo, yendo a 73 km/h, condujeron una media de casi 485 horas al año, es decir, 1’3 horas diarias.

Si la velocidad media, dados los grandes avances en materia de seguridad y potencia de los automóviles actuales (que son muchos), y dada también la esperable calidad de las carreteras catalanas, cuya responsabilidad recae en el departamento de Política Territorial y Obras Públicas, de mi gran amigo y ex profesor Joaquim Nadal, pudiera incrementarse a los 80 km/h., los conductores catalanes conducirían 442 horas al año, o lo que es lo mismo, se ahorrarían 43 horas anuales de pérdida de tiempo conduciendo, a la vez que consumirían menos combustible y tendrían menos oportunidad o riesgo de tener accidentes. Y en otras palabras, 43 horas equivalen a una semana de trabajo, o por qué no, una semana de vacaciones.

Y las cifras ofenden a la inteligencia humana. Si se pudiera incrementar la velocidad media, de 73 a 80 km/h, los 3.791.126 conductores catalanes se ahorrarían 166 millones de horas, que podrían utilizar para realizar tareas más beneficiosas que no sólo trasladarse de un sitio a otro.

"Que nadie dude que, con medidas con más talento, se podrían evitar los muertos y los muertos virtuales por el tiempo perdido"

Pero lo más grave y, espero que algún político reflexione, es que, si un año tiene 9.125 horas, la pérdida de 166 millones de horas es igual a la pérdida de 18.198 años de vida. Teniendo en cuenta que la media de edad de los catalanes se sitúa entorno a los 80 años de edad, los “muertos virtuales” por las medidas “recaudatorias, que no profilácticas” de limitación de velocidad, ascienden a 227. Y si en cada coche viajan 1’2 personas, la cifra de muertos virtuales es de 272.

Que nadie dude que, con medidas con más talento, castigando duramente a los culpables o negligentes y dejando que los conductores buenos, que son más del 90%, puedan correr más, donde puedan hacerlo, se podrían evitar, los 569 muertos del 2006 y, a la vez, evitar los 272 muertos virtuales por el tiempo perdido.

Hay muchos políticos serios en este país, honrados, con conductas filantrópicas y comprometidos con su sociedad, pero establecer como medida, poner más radares, para que el conductor honrado vaya encorsetado y con miedo a tener que pagar a más de un necio gestor público, lo que él gana honradamente con su trabajo y, a la vez, engañarle con argumentos demagógicos que, además de inciertos, le hacen perder el tiempo, y por lo tanto, pequeña parte de su vida, es, sencilla y llanamente, de incompetentes a los que habría que aplicarles el código penal. Que quede dicho.