En los últimos años, muchas familias han adquirido una vivienda con la obligada hipoteca; un automóvil con préstamos a 72 meses o más, que cuando lo cambien aún no habrán pagado el sustituido; han utilizado las tarjetas de crédito mediante devoluciones periódicas; han adquirido electrodomésticos, ordenadores, móviles e incluso han financiado sus viajes de ocio a través de atractivas ofertas. Resultado: más del 57% de las familias españolas están sometidas a un sobreendeudamiento insostenible que conduce inexorablemente a dos caminos: no poder pagar, acabando embargado, o renegociar esas enormes deudas.

El alto grado de endeudamiento de las familias está provocando una limitación e incluso imposibilidad de atender la devolución de los préstamos incurridos, lo cual está generando una serie de soluciones imaginativas con tal de que se pueda continuar endeudado, víctimas de nuestro propio consumismo.

Un de las soluciones a ese fenómeno consiste en la extraordinaria proliferación de empresas financieras, expertos y brokers aficionados que ofrecen la tramitación o posibilidad de refinanciar o unificar las deudas pendientes. La oferta de esos servicios es tan obvia que induce a la desconfianza, por su aparente sencillez. Se trata de un floreciente negocio para quienes impulsan o financian esas ofertas y, por supuesto, para el intermediario, aunque el que asume el riesgo de la operación es el usuario del servicio.

“Los costes de ampliación de la hipoteca y la comisión para el intermediario pueden suponer un suculento incremento de la deuda del 30%”

La modalidad más habitual consiste en rehipotecar un bien susceptible de esa posibilidad, revalorizándolo para aprovechar el máximo importe posible. Con la disponibilidad de esos nuevos recursos financieros se podrán atender las deudas históricas y poder planificar los futuros pagos. Otra posibilidad consiste en ampliar el vencimiento una hipoteca existente –incluso hasta los 50 años- con la correspondiente reducción de la actual cuota mensual, lo cual conlleva pagar más intereses.

Esas ofertas se publicitan con gran profusión mediática calando en la sociedad de tal manera que ya se dan casos de personas que han refinanciado varias veces sus deudas, sin descartar tener que recurrir de nuevo a esa solución.

Un ejemplo de publicidad de esas ofertas: pago mensual de la hipoteca 600 euros, del coche 180 euros, de las tarjetas 60 euros, otras deudas 200 euros; total pago mensual 1.040 euros. Aplicando la “fórmula ofertada”, se pagarán 500 euros mensuales, ahorrándose así 540 euros cada mes.

“Las Administraciones deberían poner los medios más rigurosos para regular y controlar el estricto cumplimiento de la legalidad”

Esa información omite o soslaya aspectos tan importantes como: a) el vencimiento de la actual hipoteca se alargará muchos más años; b) con esa modalidad se está garantizando con la vivienda el pago de unos gastos consumibles; c) no se está “ahorrando” absolutamente nada ya que se deberá devolver la cantidad pendiente más la ampliada  y sus correspondientes intereses, y d) se debe afrontar el pago de los costes de una cancelación anticipada de los créditos a agrupar, los costes de la ampliación de la hipoteca y, por supuesto una suculenta comisión para el intermediario que, según fuentes acreditadas pueden suponer un incremento de la deuda del 30%.

Respetando la libertad de elección y anticipando que esa oferta es perfectamente legal, es conveniente destacar que el prototipo de cliente potencial responde al perfil de una familia o persona con serios y acuciantes problemas económicos y, con frecuencia, desahuciados de los medios de financiación habituales, lo cual implica una necesidad urgente y desesperada de regular esa situación, por lo que es necesario que en esas condiciones se les ayude profesionalmente, lejos de inducirles a una solución a corto plazo, que pueden resultar nefastas a largo plazo.

Asimismo, las Administraciones responsables deberían poner los medios más necesarios y rigurosos para regular, vigilar y controlar el estricto cumplimiento de la legalidad, con el fin de evitar abusos, cuyas consecuencias siempre recaen sobre los más débiles.