En estos años de aparente bonanza financiera del sistema de reparto de pensiones español se hace preciso reflexionar sobre la idoneidad o necesidad –según quien lo plantee- de acometer cambios estructurales en nuestro sistema contributivo. En este sentido cabe plantearse desde medidas radicales como pueda ser transitar hacia un sistema de capitalización individual, -tal y como ya a principios de los años 80 hicieron de forma pionera en Chile, imponiendo un sistema que se ha ido extendiendo como modelo en el resto de Latinoamérica-, o medidas más conservadoras con el sistema actual, tales como hacer evolucionar el vigente sistema de reparto desarrollando al máximo los denominados Pactos de Toledo.

Este artículo no pretende posicionarse sobre cuándo el sistema contributivo actual español entrará en quiebra, pues parece que dicha premisa ha sido tomada en consideración en su día por los citados Pactos de Toledo, siendo mantenida en todas las revisiones posteriores de los mismos. En consecuencia, y sin perjuicio de lo arriesgado que a nivel político pueda resultar, parece que nos vemos en la tesitura de tener que tomar alguna decisión aprovechando que las arcas del sistema de pensiones están con superávit.

“Debemos tomar alguna decisión aprovechando que las arcas del sistema de pensiones están con superávit”

De todos es conocido que el sistema de reparto español responde a unas necesidades sociales coherentes con la situación planteada a principios del siglo XX, cuando ningún tipo de sistema previsional público existía. De hecho, los primeros instrumentos previsionales parten de la capitalización individual para pronto migrar hacia un sistema público garante de unos mínimos necesarios, de reparto, con independencia de la contribución individual.

Hoy en día las circunstancias geopolíticas y económicas han modificado el panorama social español. Cuando parecía que la natalidad en España y en Europa descendía drásticamente y que se podía intuir el momento en el que las clases pasivas superarían a la población activa, la llegada masiva de inmigración ha permitido retrasar de nuevo la decisión sobre la evolución del sistema de reparto hacia un sistema soportable por cualquier estado con los ingresos generados por la fiscalidad pública.

En esa evolución debemos situar nuestra reflexión: en su día Chile tomó la drástica decisión de transitar de su sistema civil colectivo público de reparto hacia un esquema de capitalización individual administrado por entidades privadas, -pasando de un sistema complejo jurídicamente pero con coberturas elevadas que, a su vez, provocaban grandes desigualdades, a un sistema de contribución definida basado en planes individuales de ahorro obligatorio privado-.

“La llegada masiva de inmigración ha permitido retrasar de nuevo la decisión sobre la evolución del sistema de reparto”

Por fortuna, la perspectiva histórica nos ha permitido analizar con detenimiento la complejidad financiera que supone un cambio tan trascendental como el acometido por Chile. Quizá este elemento, unido a la distinta situación y realidad española hizo reflexionar en su día sobre cómo debía evolucionar nuestro sistema de pensiones. En este sentido, gozamos de un estado social y democrático de Derecho donde los programas políticos no abarcan, generalmente, más de cuatro años; sin embargo, tomando conciencia de la dificultad en el mantenimiento del sistema de previsión público, nuestros políticos lograron ponerse de acuerdo en la necesidad de revisar el vigente sistema contributivo (además del asistencial) gestando las bases que deberían ir desarrollándose en los años posteriores, con independencia de los ciclos de cambios o renovaciones políticas.

Como conclusión, debemos plantearnos si nos interesa que el valor de las pensiones tenga relación directa con el esfuerzo realizado por cada trabajador, o mantenemos hasta su inevitable final –salvo que surja algún avezado político dispuesto a salir en los libros de historia- el actual sistema de reparto de las pensiones en España, garantista de unos mínimos con independencia de su mayor o menor contribución, con los cambios que periódicamente se realizan en virtud de la revisión de los Pactos de Toledo. Y todo ello, sin olvidar que el modelo chileno se ha erigido en un modelo válido para Latinoamérica así como un ejemplo para el resto del mundo subsumido en problemáticas similares, que no dejan de analizar tales impactos de financiación transitoria y arriesgada apuesta política.