"Caso Imelsa: la empresa pagaba a personal que no trabajaba en la empresa pública"

Caso Imelsa: la empresa pagaba a personal que no trabajaba en la empresa pública

Foto: Wikipedia – Diputacion palauLeer también: Imperios que se tambalean y guerras que estallan por el cambio climáticoLeer también: El tripartito balear deroga la Ley de protección de la maternidad La empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia y en el epicentro de la trama de corrupción que investigan la UCO y el […]

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Foto: Wikipedia – Diputacion palau

La empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia y en el epicentro de la trama de corrupción que investigan la UCO y el juzgado de Instrucción 18 de la ciudad del Turia, pagaba el sueldo a varios trabajadores que en realidad no trabajaban para la empresa, sino en otros departamentos del instituto provincial o, directamente, en trabajos de asesoría para los partidos políticos con actuación en la Corporación. Es una de las derivadas de la trama que investiga ahora la UCO, y por la que están imputados dos cargos del PSOE, uno de Compromís y otro de Izquierda Unida, tal como ha publicado ayer ABC.

Sorprendente viraje en la investigación del juez y la Guardia Civil sobre la trama corrupta en el PP valenciano. La concejal de Izquierda Unida Rosa Pérez, que ha denunciado las presuntas mordidas en la empresa pública Imelsa , ha sido citada a declarar ante la Guardia Civil en concepto de investigada . Fue la propia concejal quien desveló la citación en su cuenta de la red social Twitter este miércoles.

La Diputación Provincial de Valencia es el órgano institucional propio de la provincia de Valencia y al que corresponden diversas tareas ejecutivas y administrativas.

Precisamente ayer el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez , aprovechó la controversia para despedir a una veintena de personas -algunas de las cuales llevaban veinte años en la Diputación- que, aunque contratadas por Imelsa, estaban adscritas a otros departamentos. Otros, en cambio, han sido resituados laboralmente en las instituciones provinciales para los que realmente trabajaban. Los despidos van a ser efectivos el lunes, aunque los afectados no están bajo sospecha, según fuentes consultadas por ABC.

Al respecto, la Diputación de Valencia estima que el actual convenio colectivo de la empresa Imelsa, investigada por un presunto cobro de comisiones, es ilegal y lo remitió a la Fiscalía para que tome las medidas adecuado de cara a restablecer la legalidad y pedir probables responsabilidades.

La concejal de Izquierda Unida era consejera de Imelsa en su condición de diputada provincial durante la pasada legislatura. Al parecer, varios de los consejeros de la empresa pública han sido citados como investigados en el motivo que investiga el presunto cobro de comisiones por adjudicación de obras. La causa acumulaba hasta el momento 80 imputados-investigados, entre la pieza principal -que investiga las mordidas- y la pieza separada del blanqueo de capitales en el PP del Ayuntamiento de Valencia.18 La investigación de Instrucción es centrada en Imelsa, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Contratos son investigados desde el año 2003.

Un reporte interno de la Diputación, al que ha tenido entrada Efe, recoge que el actual convenio colectivo de Imelsa fue aprobado el 30 de abril de 2015, uno días antes de las elecciones, e incluye “cláusulas de protección” y otras “que podrían ser ilegales”.

En concreto, el reporte enfatiza que la cuestión “de mayor calado” heredada en substancia laboral se menciona a la contratación de personal, “que no contestaba, en general, a procedimientos reglados con realización de los comienzos de legalidad de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad”.

Enfatiza adicionalmente que , que tenía un plazo de vigencia de 5 años, el convenio fue aprobado exclusivamente por la empresa y el sindicato mayoritario CSIF, no siendo elegido por CCOO y UGT.

Adicionalmente, el convenio, “que no se ha llevado al conocimiento, discusión y consentimiento, en su caso, del consejo de administración de la empresa ni de su junta general”, no incorpora un reporte claro y propio de la Intervención de la Diputación sobre la existencia de recursos que den base a los acuerdos convenidos.

Según recoge este reporte, el citado convenio incluía algunas cláusulas de protección y “otras que podrían resultar ilegales, además de otros aspectos que suponían, de facto, impedimentos para la persistencia, negociación y desarrollo de la empresa”, una circunstancia que podría llevar a “desistir del futuro de la empresa y encaminarnos a un procedimiento de disolución y liquidación de la misma”.

Mientras, ayer han terminado las declaraciones ante el juez de los exconcejales del PP investigados por el presunto blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia. Previsiblemente, el titular del juzgado de Instrucción 18 aumentará el motivo al Supremo para que pueda citar a Rita Barberá, aforada en el Senado, como investigada.