"Corrupción en ValenciaEl comité de campaña que ha dirigido Grau ha ordenado las donaciones al PP"

Corrupción en ValenciaEl comité de campaña que ha dirigido Grau ha ordenado las donaciones al PP

Foto: Wikipedia – Santa Maria de Barber%C3%A0Leer también: El abogado de Torres insiste en vincular a García Revenga con una supuesta supervisión de NóosLeer también: La Guardia Civil detecta un embuste que permitía a europeos entrar a trasplantes de riñón y diálisis La petición a cada concejal o asesor del PP de Valencia para realizar […]

SantaMariadeBarberC3A0.jpg

Foto: Wikipedia – Santa Maria de Barber%C3%A0

La petición a cada concejal o asesor del PP de Valencia para realizar una aportación de 1.000 euros con la que sufragar la campaña de las municipales partió del comité de campaña del partido en la ciudad del Turia. Esas aportes son las que luego, han permitido el blanqueo de comisiones irregulares, según sospecha el juez -procedentes de presuntas mordidas- al devolverse a los donantes sus aportes en «B», con dos billetes de 500 euros. El presidente del comité de campaña era, en esos momentos, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau -procesado en Nóos y detenido el lunes por otro motivo en la que se investiga un presunto cochecho seguido en la adjudicación de contratos turísticos-.

Como ha informado ABC, el titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha centrado sus interrogatorios a los 50 imputados por la trama del presunto blanqueo en conocer la identidad de la persona que ordenó las donaciones -y las supuestas devoluciones posteriores-. Por lo tanto, quién ha orquestado el presunto blanqueo. Según las declaraciones de los imputados a las que tuvo entrada este diario, la «derrama» de 1.000 euros por persona se ha aprobado en el comité de campaña, que se había constituido la tarde del 3 de febrero de 2015 con Grau como presidente. Las donaciones se han hecho -en la mayoría de los casos, al menos- vía transferencia bancaria entre febrero y marzo.

Si bien la decisión se adoptó en el comité de campaña, la persona encargada de gestionar la recepción de las donaciones fue la secretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García Fuster. La secretaria ha sido una de las 24 personas detenidas en la primera etapa de la operación Taula, el pasado 26 de enero, y se encuentra en libertad bajo fianza de 150.000 euros tras declarar ante el juez. Tanto García Fuster como Grau eran personas de la máxima confianza de la exalcadesa Rita Barberá.

Se nominaba a sucesor de Barberá el exvicealcalde por la dirección local del PP – presidida por Alfonso Novo, ” sucesor ” de Barberá al frente del grupo tras pasar a la oposición, y suspendido de militancia tras el escándalo- como presidente de un comité de campaña en el que figuraban varios de los imputados en la trama. De hecho, Novo mientras el concejal Cristóbal Grau y la consultora Cristina Montalvá han sido coordinadores del programa, ha ejercido como coordinador general de política. El consultor Julio Aguado ha sido responsable de movilización, y la concejal Beatriz Simón de comunicación. Todos ellos están imputados hoy. Todos menos el exvicealcalde Alfonso Grau.

Perteneciente a la provincia de Barcelona, en la comarca del Vallés Occidental.

Exactamente, el que fuese mano derecha de Barberá durante dos decenios en el Consistorio renunció como concejal el 14 de marzo de 2015, tras el auto del juez de Palma que lo sentaba en el banquillo de los imputado en el proceso por el caso Nóos. Antes de que se aprobara la composición de la lista, los aportes de los concejales y consultores se han realizado -en abril- lo que informa que el concejal independiente Eusebio Monzó sea el único que no está imputado: cuando él llegó a la candidatura, la recogida de donaciones ya había culminado.

Uno de ellos pasaba por devolver a los concejales, consultores y militantes de confianza los donativos que habían realizado al partido en sobres con billetes de quinientos euros. La investigación apunta a que solo en la campaña electoral de las pasadas municipales se enblanquecer a través de este proceso 50.000 euros.

Los interrogatorios del juez a los imputados por la trama de blanqueo -pieza separada del caso Imelsa, donde se investiga el cobro de mordidas por adjudicaciones de obras en la Diputación de Valencia- constan de pocas preguntas: en caso de que hayan realizado el aporte de 1.000 euros, la jueza interroga a los investigados , si luego la recobraron en «B», y quién la ha ordenado.

EU manifiesta que no ha existido “ninguna otra contratación” vinculada a Rosa Pérez en su calidad de miembro del consejo de Imelsa. la Diputación de Valencia estima que el actual convenio colectivo de la empresa Imelsa, investigada por un presunto cobro de comisiones, es ilegal y lo remitió a la Fiscalía para que tome las medidas adecuado de cara a restablecer la legalidad y pedir probables responsabilidades.

Imelsa es una empresa pública valenciana, dependiente de la Diputación de Valencia.

La conexión entre la pieza principal del caso Imelsa y la pieza separada del blanqueo es la «Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani», que puso en contacto al exgerente de Imelsa -hoy principal colaborador de la Fiscalía- Marcos Benavent y la entonces concejal de Cultura, María José Alcón, a través del exmarido de ésta y exgerente de la Fundación Jaume II el Just -de la Corporación provincial- Vicente Burgos, en 2006. Exactamente, la Guardia Civil ingresó ayer de nuevo en el Ayuntamiento de Valencia para reclamar facturas del festival de cine de ese año, planeado por la Concejalía de Cultura que dirigía Alcón.

La Unidad del Crimen Organizado investiga la contratación encubierta de consultores políticos en la empresa pública Imelsa, principio de la operación Taula, que se saldó hasta el momento con veinticuatro presos y más de ochenta investigados por una «organización delincuente infiltrada» en las Administraciones de la Comunidad Valenciana. Aunque el grueso de la trama había afectado inicialmente al Partido Popular , las búsquedas de la Guardia Civil apuntan al PSPV, Compromís y Esquerra Unida por las supuestas prácticas ilícitas de contratar a personal para Imelsa para que luego trabajase en sus respectivos partidos.