"El Senado remite al Supremo el escrito del Juzgado del caso Taula sobre Rita Barberá"

El Senado remite al Supremo el escrito del Juzgado del caso Taula sobre Rita Barberá

Foto: Wikipedia – Rita Barberà 2014 (cropped)Leer también: La omnipresencia de Manos LimpiasLeer también: George Clooney, el «obsceno» cobrador de millones para Hillary Clinton En caso de que la exalcaldesa esté, el Senado reenviará al Tribunal Supremo el escrito que recibió del juzgado de Instrucción 18 de Valencia en el que interroga por la condición […]

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Foto: Wikipedia – Rita Barberà 2014 (cropped)

En caso de que la exalcaldesa esté, el Senado reenviará al Tribunal Supremo el escrito que recibió del juzgado de Instrucción 18 de Valencia en el que interroga por la condición de senadora de Rita Barberá, al comprender que ha debido enviarlo directamente al alto juzgado para conocer o no aforada.

María Rita Barberá Nolla es una política española diputada por Valencia en las Cortes Valencianas entre 1983 y 2015 y actual senadora por nombramiento autonómico. Una política española es alcaldesa de Valencia entre 1991 y 2015.

El vicepresidente primero de la Mesa del Senado, Pedro Sanz, ha explicado que es el Tribunal Supremo el que debe responder al juzgado valenciano. Ha mencionado: “No corresponde al Senado responder”.

La Mesa va a revisar el escrito del instituto que se reúne este mediodía ,. Cuando tienen que investigar a un aforado nacional, el pedido de información por los tribunales es un paso frecuente, puesto que tienen que enviar el motivo al Tribunal Supremo.

El tribunal ha comenzado la diligencia para imputar a Rita Barberá por blanqueo de capita.

El tribunal ha comenzado la diligencia para imputar a Rita Barberá por blanqueo de capita. El Senado ha recibido un escrito de un Juzgado de Valencia, el número 18, que interroga por la condición de senadora de la ex alcaldesa de esa ciudad Rita Barberá, confirmaron a Europa Press en la Cámara Alta.La operación Taula se saldó con su vigésimo quinta detención. Agentes de la Guardia Civil detuvieron este lunes al que fuese vicealcalde de Valencia Alfonso Grau y antiguo número dos de Rita Barberá en el Ayuntamiento de la capital del Turia dentro de la operación derivada del caso Imelsa.

Según comunicó el Tribunal Superior de Justicia valenciano, las declaraciones adelantadas por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia por el supuesto blanqueo de 50.000 euros en el pecho del grupo municipal del PP en la capital del Turia terminaron este lunes con la comparecencia de tres consultores de este grupo.

Las fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC han señalado que en uno de los reportes que obran en el motivo se apunta la posibilidad de que el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps estuviese al corriente de las actividades corruptas, según se desprende de algunas grabaciones.

«No hay datos decisivos sobre este asunto -señalan las mismas fuentes- pero es cierto que se trata de una línea de investigación en la que se está trabajando». Es más, no solo Camps, según esos indicios, conocería el cobro de comisiones a empresarios por adjudicaciones de servicios o de obras públicas, sino también Víctor Campos, en su día secretario de Organización del PP valenciano y vicepresidente autonómico, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo.

Los investigadores tuvieron conocimiento del supuesto blanqueo a raíz de unas escuchas entre el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y la entonces concejala de Cultura María José Alcón, esposa del exvicealcalde Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos y que este lunes quedó en libertad tras ser detenido por un supuesto delito de cohecho.

Tras la ronda de declaraciones continúan imputadas 49 personas en la pieza, la mayoría concejales, exediles y consultores del PP en la fase de Barberá. De hecho, permanecen investigados nueve de los diez actuales concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia, que han ido en la lista que ha encabezado la exalcaldesa en las elecciones del pasado mes de mayo. Las búsquedas se centran en el blanqueo de 50.000 euros en la campaña para los citados comicios y la Fiscalía Anticurrupción cree que existen indicios de delitos para imputar a Barberá, por lo que ha pedido al juez que la investigue.

La exalcaldesa de Valencia y senadora del PP ha hecho público un comunicado el pasado 2 de febrero en el que aseguraba que “ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se amañó, ni hubo ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal”.

Barberá agregaba que las adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia, durante los 24 años que ha sido alcaldesa, “no se pusieron en incertidumbre”.

En su petición a la Cámara Alta, el magistrado solicita a la Mesa del Senado que “a los efectos de determinar la competencia del órgano judicial sobre hechos referidos a la causa penal referenciada que se sigue en este juzgado” remita “certificación sobre la condición actual de senadora en la presente legislatura” de Rita Barberá.

Una vez tomadas todas las declaraciones pertinentes, Víctor Gómez tendría que aumentar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que en caso de que asuma el asunto, este acuerde, ya que Barberá disfruta de la condición de aforado al ser aforada. Víctor Gómez es el juez instructor. El suceso de que la jueza haya acordado abrir una pieza separada «facilita» que esto ocurra a nivel práctico y la explicación ya se está preparando. Mientras, el secreto de sumario se va a mantener hasta el 14 de marzo.

En el caso de que el TS acordara continuar adelante, plantearía un suplicatorio al Senado. Allí se cumpliría con el reglamento que existe al respecto, según el cual el presidente lo recibiría y lo remitiría a la Comisión de Suplicatorios. Aunque quisiese, aunque el PP cuenta con mayoría en la Cámara Alta, no podría rechazar la concesión , puesto que de acuerdo con los comienzos establecidos por el Tribunal Constitucional, la negativa a otorgar la licencia sólo puede producirse en caso de que, hecha la demanda penal, se percibiera en la demanda un tentativa de cambiar la composición del Senado o su funcionamiento.

La comisión procedería a llamar a Barberá para escuchar su razonamiento y emitiría un dictamen en el plazo máximo de un mes. Se incluiría su discusión posteriormente, en el orden del día del primer pleno ordinario que se festeje. Una vez hubiera acuerdo, el presidente del Senado daría desplazamiento del mismo al Tribunal Supremo en el plazo de ocho días. El TS, una vez recibido, ya podría llamar a declarar a Barberá.

Conforme ha publicado ABC el pasado 3 de febrero, varios de los investigados en relación al presunto blanqueo de capitales en el PP de Valencia a través de mencionados donativos han señalado que Alfonso Grau era el encargado de recaudar los donativos de dirigentes y aspirantes del PP para votar el funcionamiento del partido y las campañas electorales. Hasta que tuvo que renunciar -el pasado mes de marzo- y se cayó de la lista por su implicación en el caso Nóos, Grau se habría encargado así de gestionar los aportes de los concejales y cargos del PP a la formación. Grau ha rechazado públicamente todas las acusasiones al respecto.

Fiscalía General de la Nación es una institución independiente adscrita a la rama judicial del Poder Público en Colombia.

La Fiscalía cree que cuando la dirección local del PP acordó, ha sido en ese momento «lavar» los 50.000 euros de la caja opaca.

En caso de que los populares de la ciudad de Valencia manejasen una «contabilidad B», el juzgado de instrucción número 18 de Valencia investiga. De acuerdo con las búsquedas, los contratistas de obra pública contribuían plata al partido y éste lo «lavaba» por distintos procesos.

Uno de ellos pasaba por devolver a los concejales, consultores y militantes de confianza los donativos que habían realizado al partido en sobres con billetes de quinientos euros. La investigación apunta a que solo en la campaña electoral de las pasadas municipales se enblanquecer a través de este proceso 50.000 euros.

La trama ponía como condición para devolver los donativos que la plata no se entrara en cuentas bancarias. Los investigadores constataron que algunos concejales han gastado el efectivo en adquisiciones en grandes despensas. La ya exsecretaria del grupo municipal del Partido Popular de Valencia Mari Carmen García-Fuster está estimada la mano ejecutora de la trama que reclamaba los donativos para tapar, por medio del blanqueo de plata, la financiación irregular de la formación. Se ha cesado a García-Fuster tras su detención. A pesar de que el fiscal ha reclamado prisión provisional, el juez la ha dejado libre bajo fianza de 150.000 euros.

En su vertiente política, este caso supuso la práctica disolución de la organización del partido en la ciudad, tras la suspensión de militancia del presidente local del partido y portavoz, Alfonso Novo, y el designación, el pasado viernes, del diputado y exconseller Luis Santamaría como responsable de la nueva gestora.

De las escuchas, inscripciones y testimonios recabados durante meses en la investigación del conocido como caso Imelsa se destaparon al menos otras dos bifurcaciones al margen de este supuesto caso de blanqueo.

En total son más de 80 los investigados entre políticos, consultores y empresarios por varios delitos en contra de la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influjos, cohecho, estafa, falacia y blanqueo de capitales, contenidos en un sumario que continuará siendo secreto al menos hasta el 14 de marzo.

La Mesa sí ha gestionado este martes el pedido de suplicatorio para el senador de EH-Bildu Iñaki Goioaga, a quien el Supremo va a juzgar por delitos de pertenencia o colaboración con la organización terrorista ETA. Se va a enviar el asunto ahora a la Comisión correspondiente y va a pasar después al Pleno.