"Rita Barberá: de la gloria política al cerco judicial"

Rita Barberá: de la gloria política al cerco judicial

Foto: Wikipedia – Rita Barberà 2014 (cropped)Leer también: La omnipresencia de Manos LimpiasLeer también: George Clooney, el «obsceno» cobrador de millones para Hillary Clinton Rita Barberá lo fue todo en el Partido Popular. Formó parte del equipo fundador de Alianza Popular y su ascenso a la Alcaldía de Valencia en 1991 ha abierto el camino […]

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Foto: Wikipedia – Rita Barberà 2014 (cropped)

Rita Barberá lo fue todo en el Partido Popular. Formó parte del equipo fundador de Alianza Popular y su ascenso a la Alcaldía de Valencia en 1991 ha abierto el camino de las victorias electorales que llevarían a su partido a acumular el poder institucional en el Gobierno autonómico y en el central.

María Rita Barberá Nolla es una política española diputada en las Cortes Valencianas por la provincia de Valencia entre 1983 y 2015 y actual Senadora en las Cortes Generales por la Comunidad Valenciana. Una política española es alcaldesa de Valencia entre 1991 y 2015.

Barberá ha ganado las decisiones del pasado mes de mayo pero no ha podido revalidar el que habría sido su séptimo mandato al frente del Ayuntamiento de la capital de España. No ha llegado tomar posesión de su acta de concejal y se ha marchado al Senado escogida por el cupo de parlamentarios territoriales del PP en las Cortes Valencianas.

La explosión de la operación Taula dejó a Barberá en la postura más débil de su dilatada trayectoria política, en la que cambió la ciudad de Valencia y ha catapultado al PP hacia sus mayores éxitos. La imputación de nueve de los diez concejales del grupo popular en el Ayuntamiento en una presunta trama de blanqueo de capitales deja a Barberá alo margen de ser investigada. Una determinación que solo puede tomar el Tribunal Supremo por su condición de aforada.

En ese compás de espera, el PP ha elegido por desviar a Barberá de la presidencia de la comisión constitucional del Senado pero garantiza a la exalcaldesa la condición de aforada en el caso de que las Cortes Generales fuera disuelta las Cortes Generales por una nueva convocatoria de decisiones. Al continuar como suplente de la Diputación Permanente, el PP se asegura que el juez de Valencia no le cite a declararcomo sí hizo con la mayoría de concejales que han compartido candidatura electoral con Barberá en las pasadas decisiones municipales.

Valencia es un municipio y una ciudad de España, capital de la provincia homónima y de la Comunidad Valenciana.

Los investigadores tienen acreditado que se han blanqueado 50.000 euros procedentes de comisiones ilegales por medio de donativos de 1.000 euros que contribuían concejales y consultores. La UCO y la Fiscalía Anticorrupción creen que Mari Carmen García-Fuster, exsecretaria del grupo popular en el Consistorio y mano derecha de Barberá durante años, ejercía de cajera de la trama. Solicitaba los donativos y luego los devolvía en sobres con billetes de quinientos euros.

El motivo por blanqueo que dirige el tribunal de instrucción número dieciocho de Valenciaya agrega 56 imputados. La gran mayoría con concejales, exediles, consultores y antiguos colaboradores, todos ellos del círculo de confianza de Barberá. El PP nombrará una gestora la próxima semana en Valencia, la ciudad que tantos éxitos le dio y que ahora se ha convertido en fuente inagotable de disgustos, especialmente con un Gobierno en funciones y con un partido que no encuentra apoyos para reeditarlo.

En esta línea, en el horizonte judicial de Barberá se avecina otra tormenta. Conforme ha publicado ABC el pasado domingo, la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial ya envió un reporte a la Fiscalía Anticorrupción sobre gastos en protocolo de la Alcaldía de Valencia -«meramente descriptivo», según los que lo conocen- y ahora va a ser esta la que acuerde si presenta o no la correspondiente demanda en los tribunales. El monto de las facturas en viajes o comidas cosa de la investigación asciende a 300.000 euros, en el marco del caso «Ritaleaks», favorecido por una demanda presentada en la anterior legislatura por Compromís.

La operación Taula no es el único frente judicial que sobrevuela a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Fuentes solventes consultadas por ABC recuerdan que aún está pendiente de tomarse una determinación sobre los gastos que ha pagado el Ayuntamiento de la capital del Turia a Barberá por viajes y otros conceptos de incierta vínculo con el ejercicio de su cargo. De momento, la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial ya envió un reporte a la Fiscalía Anticorrupción -«meramente descriptivo», según los que lo conocen- y ahora va a ser esta la que acuerde si presenta o no la correspondiente demanda en los tribunales.

Entre los gastos reseñados, por ejemplo, se encuentra el movimiento que ha hecho Rita Barberá a Madrid con causa de la muerte del que fuese presidente de la Xunta, Manuel Fraga. Las fuentes consultadas sostienen: «Es difícil comprender si ese viaje forma parte de las obligaciones de una alcaldesa, dado que se trataba de un político muy relevante, o bien los gastos debieron ser abonados por su partido o por ella misma».

También hay documentados movimientos y estancias en hoteles de alto matiz para asistir a actos de partido, como congresos, cuyo valor el Ayuntamiento ha asumido a él. Aunque es sospechosa la cantidad de plata usada para ello, asimismo hay un llamativo volumen de gasto en adquisición de naranjas que eran enviadas como presente por Barberá a diferentes personalidades: «Este es otro de los ejemplos que están en la frontera, porque se puede comprender que esos presentes servían para propagar la imagen de la ciudad », precisan las fuentes, que insisten en que la judicialización de este asunto va a depender del análisis de los datos del informe que hagan las autoridades judiciales. Con todo, la Fiscalía se inclina por presentar una demanda.

Pero además de esta investigación hay otra ya en marcha, la de Feria Valencia, que también puede afectar a Rita Barberá. La institución tiene una deuda de 500 millones de euros y Alberto Catalá, su expresidente, podría haber utilizado materiales de la misma para hacer obras particulares, en concreto en su fábrica textil, según fuentes policiales. Barberá era presidenta del patronato de Feria Valencia y la UDEF tiene ya los primeros informes sobre este asunto -hay otros que se están elaborando- que ya están en manos de la Fiscalía.

Tiene que recordar que ya en 2014 la Intervención General de la Generalitat Valenciana detectó sobrecostes millonarios en las obras de ampliación de Feria Valencia que, en muchos casos, no se explicaron y carecieron además de los controles y criterios técnicos preceptivos. Incluso facturas falsas fueron detectadas. El valor del inversión final en construcción e instalaciones padeció una desviación del 86,27% respecto al proyecto inicial . Una parte correspondía a nuevos proyectos incorporados ala estrategia prevista , y el resto a modificaciones del valor inicial de la construcción.

El reporte revela que sobrecostes llegaron a ser registrados no explicados de hasta el 160%. Por ejemplo, el proyecto de fuentes, estanques y plazas del recinto se ha facturado por nueve millones de euros, pero los técnicos calculan un valor real de cinco . O las calderas de los nuevos pabellones, que cuando su valor real es de 0,9, se han facturado por 1,4 millones . También los proyectos incluidos en el apartado de decoración han tenido un sobrecoste del 106% global, que en el caso de las tiendas comerciales ha sido del 145%.

Estas obras fueron realizadas bajo el mandato de Alberto Catalá como presidente de Feria Valencia y Belén Juste como directora general. Barberá era la presidenta del patronato, como alcaldesa.

Estas obras fueron realizadas bajo el mandato de Alberto Catalá como presidente de Feria Valencia y Belén Juste como directora general. Barberá era la presidenta del patronato, como alcaldesa.

Mientras, Barberá ve de reojo la evolución del caso Nóos. Alfonso Grau, otrora vicealcalde de Valencia y persona de la rigurosa confianza de la senadora del PP, procesado por los contratos firmados por el Ayuntamiento con la institución que presidía Iñaki Urdangarín.

Grau era el encargado de recaudar los donativos de dirigentes y candidatos del PP para sufragar el funcionamiento del partido y las campañas electorales. Según pudo saber ABC, así lo señalan varios de los 50 investigados en relación al presunto blanqueo de capitales en el PP de Valencia a través de mencionados donativos. Hasta que tuvo que dimitir -el pasado mes de marzo- y se cayó de la lista por su implicación en el caso Nóos, Grau se habría encargado así de gestionar las aportaciones de los concejales y cargos del PP a la formación.