"Todos los detalles sobre la Ley Monsanto en Guatemala"

Todos los detalles sobre la Ley Monsanto en Guatemala

Aquí están todos los detalles acerca de la Ley Monsanto en Guatemala, la nueva normativa que está generando polémica y protestas en el país de Centroamérica.

Personas protestando por la Ley Monsanto
Organizaciones indígenas exigen en Guatemala la derogación de "Ley Monsanto". (Foto: EFE)

Conoce aquí todos los detalles sobre la denominada “Ley Monsanto“, la cual legaliza los derechos de propiedad de semillas vegetales y que fue aprobada hace dos meses en el país centroamericano de manera discreta. Sin embargo, ha levantado una ola de polémica en las últimas semanas en Guatemala.

La Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, aprobada con el Decreto 19-2014, establece y ampara la propiedad intelectual de las variedades vegetales nuevas en el país, según explica su artículo uno.

La normativa recibió luz verde del Parlamento guatemalteco el 26 de junio con 81 votos a favor, uno más de los necesarios para su ratificación, sin consulta ni debate previo y aprovechando la distracción de la población con el Mundial de Brasil 2014 de fútbol, de acuerdo a organizaciones sociales que se oponen a la misma.

La aprobación del Decreto 19-2014, que entrará en vigor el 26 de septiembre, implica que cualquier variedad vegetal genéticamente modificada por selección artificial, cruzamiento o alteración genética podrá ser patentada y la vigencia del derecho del “obtentor” (autor) tendrá una duración de 25 años para árboles y vides y de 20 para el resto de los cultivos.

Las personas o entes que reproduzcan o produzcan material protegido sin autorización serán sancionados con prisión de uno a cuatro años y una multa entre los 1.000 a 10.000 quetzales (130 y 1.300 dólares), de acuerdo al artículo 50 de dicha legislación.

El pasado domingo un grupo de organizaciones indígenas exigió en rueda de prensa la derogación de la ley, y a la vez anunció manifestaciones este martes frente al Parlamento guatemalteco.

También interpondrán un recurso legal (amparo) en la Corte de Constitucionalidad, máximo ente constitucional del país.

“Esta ley en lugar de promover desarrollo promoverá pobreza. Con ella habría un saqueo a la población pues Guatemala vive de la productividad agrícola”, afirma Mario Itzep, coordinador del Observatorio de Pueblos Indígenas en declaraciones a Acan-Efe.

La ley representa un riesgo para la seguridad alimentaria de los agricultores y sus familias, de acuerdo a la entidad Alianza por la Vida, que junto con otras 20 organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos promueven la manifestación del martes.

Itzep cree que la normativa es “muy abierta” y “no hay una delimitación” en referencia a qué semillas pueden ser patentadas.

Las organizaciones sociales temen, precisamente por ello, que eventualmente se les pueda llegar a cobrar o incluso perseguir penalmente por los cultivos de maíz y frijol, la principal dieta de los 15 millones de guatemaltecos.

Los medios locales y las organizaciones sociales la han bautizado como “Ley Monsanto“, en referencia a la firma transnacional Monsanto que se dedica a desarrollar nuevos cultivos con mejoras genéticas, y que según ellos podría adueñarse de manera exclusiva de las variedades locales.

La aprobación de la ley fue uno de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala como parte de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 2005 entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.

La ley indica que en caso de “interés nacional” el Estado puede validar el uso de determinada semilla.

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dijo el sábado que le pedirá a su bancada en el Congreso revisar la ley y buscar la modificación de algunos artículos.

Los opositores de la ley también han cuestionado su artículo 46, que no se relaciona en nada con la normativa pero, que precisa la ampliación del presupuesto de la nación en 70 millones de dólares destinados para la construcción de una carretera a cargo del Ministerio de Comunicaciones.

Los 70 millones son parte de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a Guatemala, otorgado este año por 500 millones en total, y que no fueron incluidos en el decreto del crédito, en apariencia por descuido del Parlamento.

“Las beneficiadas con la ley son las élites tradicionales y las empresas transancionales, pero creemos que uno de los temas de fondo es el tema del préstamo”, subraya Itzep.