Una licencia antipopular (1)

Nov 16, 2011 | Adn

Que el running es el deporte de más auge de la última década es algo que se puede demostrar muy fácilmente, sólo hace falta abrir la ventana de su casa u oficina y es bastante probable que en pocos instantes aparezca un punto de color chillón que se empeña en subir y bajar la avenida a un ritmo mayor que el resto de transeúntes. Posiblemente camine por la acera e involuntariamente se de cuenta que el ancho de esta se ha convertido en un improvisado doble carril para viandantes a dos velocidades. Y seguramente más de un fin de semana haya tardado el doble de tiempo en cubrir un itinerario concreto al encontrarse que varios cientos o miles de corredores deciden asaltar las avenidas de su localidad intentando bajar marca de forma oficial. Son las típicas molestias de un deporte que comienza a ser devorado por su propio éxito.

Era inevitable entonces que este boom, que ha pillado con el pie cambiado a más de uno, se haya vuelto una golosina muy tentadora para terceros con el fin de sacar un provecho económico. Inscripciones en carreras, promociones y descuentos en ropa y material deportivo, entrenadores personales y la creación de un carnet para el corredor popular son algunas de las iniciativas que han nacido al albor del éxito de esta práctica. El corredor paga por unos supuestos beneficios pero ahora comienzan a surgir voces que critican el exceso de ambición de algunos ofertantes. El running se ha vuelto un negocio y el último que se ha subido al carro a reclamar su porción de pastel ha sido la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). No es para menos, según cálculos de los organizadores de pruebas atléticas en ruta, entorno a 250.000 corredores se apuntan a alguna de las centenares de citas que existen a lo largo de toda España.

La licencia de la polémica

Desde el 1 de noviembre la Federación capitaneada por el eterno José María Odriozola (que suma ya más de 23 años en la presidencia) obliga a adquirir la Licencia de día en el caso que un corredor quiera disputar una prueba y no se encuentre federado o posea un Carnet de Corredor Plus. Esta licencia, cuyo coste oscila entre los tres y cinco euros según la distancia de la prueba, incluye un seguro particular de accidentes que es de obligada contratación tal y como dispone la normativa, amen de poder aprovecharse de varios descuentos en material deportivo de empresas que colaboran con la Federación y entrar su ranking de clasificaciones. El hecho de negarse a adquirir este suplemento impide disputar la prueba al corredor, y en el caso del organizador de una competición, la negativa a asumir esta medida conlleva que pueda quedar excluido del calendario nacional,  imposibilitar que corredores de élite federados puedan disputar la prueba (ya que pueden llegar incluso a ser sancionados), y quedarse sin ningún tipo de homologación. Una medida que ha levantado más ampollas que entusiasmos en el mundo del running, donde se ha visto más como una medida recaudatoria que un aporte real en beneficio del corredor.

Para algunos, una buena medida mal planteada. Para otros, un impuesto revolucionario disfrazado de tasa que deja un vago recuerdo a las trifulcas de la SGAE y que ha sido la gota que ha colmado el vaso, a pesar de que este tipo de licencias ya funcionan en otro tipo de especialidades como el triatlón y el ciclismo. ¿Entonces por qué tanta suspicacias por la aplicación en las pruebas de ruta?

¿Regulación o lucro?

"Hay que regular de alguna forma el atletismo popular y la  vorágine que se ha creado al calor de su éxito", comentaba hace pocas semanas el ex atleta Luis Miguel Berlanas y, desde hace unos días, ex director del Carnet de Corredor (ha sido fulminado del cargo junto a la versión gratuita de esta iniciativa y, probablemente, también su versión de pago), para defender su propuesta. A pesar de su vocación dialogante y los intentos por dar con una fórmula que [...]

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