Una presa acusada de estafar a ciudadanos marroquíes no acude al juicio al ser buscada como un hombre en prisión

Feb 10, 2012 | 20minutos

Hakima H, de origen marroquí, había sido declarada en rebeldía y sobre la misma pesaba una orden de busca y captura dictada por la Audiencia de Valladolid, tribunal que hace unos días fue informado de que la prófuga había sido detenida y encarcelada en Cataluña y se encontraba a la espera de ser trasladada a la capital del Pisuerga para ocupar hoy banquillo junto a sus otros cuatro presuntos cómplices.
Sin embargo, la acusada no ha sido finalmente trasladada desde el penal catalán debido a un error de los servicios penitenciarios de la Generalitat, que, en la creencia de que su identidad correspondía a un varón, la han buscado en un centro carcelario de hombres y no de mujeres.
En libertad provisional
Ante ello, la Audiencia Provincial ha celebrado una comparecencia con Hakima H, que ha sido interrogada por videoconferencia, y ha decretado su puesta en libertad provisional, con la conformidad del fiscal y resto de partes personadas, tras ser advertida la joven de su obligación de estar localizada, comunicar cualquier cambio de domicilio y comparecer en la vista, cuya fecha de celebración ha sido pospuesta para el 21 de marzo.
La acusada, durante el interrogatorio al que ha sido sometida, ha explicado que reside desde hace tres años en Tarrasa y que cobra mensualmente unos 2.000 euros gracias a los servicios de limpieza que compagina, "si es necesario", con un trabajo complementario en un club de alterne.
La suspensión del juicio estuvo también motivada por la incomparecencia de otro de los imputados también residente en Cataluña, Sergio G.Z, cuya letrada aportó un certificado médico que hacía constar que en la tarde de este jueves tuvo que ser atendido de urgencia por asma en un centro sanitario de Salou, donde le habían aconsejado seguir tratamiento en su domicilio.
Ambos acusados, junto con los también imputados Hamid G, Jeremías R.E. y Francisco Ll.B, se exponen a penas de cuatro años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y, alternativamente, a tres años por estafa como autores de hechos cometidos durante el ejercicio de [...]

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