- Fuente: 20minutos
Una veintena de colectivos empresariales de CyL firma un manifiesto de rechazo al 'céntimo sanitario'
En concreto, en el documento se pone de manifiesto el contexto económico que aún supone una "amenaza" para la sociedad castellanoleonesa con unas previsiones que no apuntan a una época de crecimiento, pero además se recuerda que la Comisión Europea aún no ha dado el visto bueno para que en España puedan existir diferenciaciones territoriales en el Impuesto Armonizado sobre Hidrocarburos.
En este marco, afirma que la Administración regional "decide aprobar de forma precipitada y poco meditada, la implantación del denominado 'céntimo sanitario', que por su dudosa legalidad en el marco europeo, es posible que próximamente deba ser reformado".
Además, en el manifiesto se asegura que el impuesto es "cuanto menos inoportuno y desacertado" con el que "a pesar de lo que se cree, no sólo no se solucionará el problema de financiación que tiene la sanidad pública, sino que se generarán otros nuevos".
Asimismo, los colectivos firmantes creen que la implantación de esta nueva carga, "que afecta directamente al consumo" y que redunda en empresas, trabajadores y familias, "falta al principio de solidaridad que debe de existir entre comunidades autónomas".
Menos ingresos y consumo
En la misma línea, consideran que Castilla y León es un territorio de paso para el tráfico de camiones que "jugará a partir de la implantación de este nuevo impuesto con desventaja", dado que transportistas y turistas "harán sus cálculos y repostarán en las nueve comunidades limítrofes para abaratar sus facturas de combustible".
Otro de los aspectos en los que incide el texto es en la recaudación, ya que según las estimaciones realizadas por los distintos sectores, la pérdida de ventas en volumen de combustible en la Comunidad, debido a la "deslocalización del consumo", "pondrá en riesgo no sólo la recaudación que estima la Junta, sino también que ésta, precisamente por la deslocalización, sea menor".
A este respecto, Rafael Pizarro, en representación de los empresarios vendedores de carburantes de la Comunidad, ha explicado que un estudio indica que se dejará de vender entre un 40 y un 45 por ciento de los gasóleos y un 25 por ciento menos de gasolina y se ha mostrado preocupado por el "efecto frontera".
Según sus cálculos, la bajada de ventas haría reducir la recaudación calculada sobre las ventas pero también la que ha estimado la Junta con el nuevo impuesto, por lo que la Administración autonómica podría llegar a perder 270 millones de euros de ingresos en lugar de incrementar la recaudación. Además, el presidente de la patronal burgalesa, Miguel Ángel Benavente, ha asegurado a partir de una bajada del diez por ciento del consumo en los carburantes, la Junta perderá dinero.
Además, el presidente de la patronal palentina, Antonio Primo, considera que se podrían perder al menos 500 puestos de trabajo y 20 o 30 empresas se arruinarían, aunque en el sector del transporte podría ser peor, según el secretario de Fetracal (Federación de Transporte de Mercancías por Carretera), Miguel Olmo, "desaparecerán empresas completas, con [...]
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