- Fuente: Adn
Una víctima de la explotación sexual, a punto de su expulsión
Huyó deprisa. Cruzó fronteras, como si la tierra de por medio pudiera alejar también el funesto recuerdo de la explotación sexual. Nada más lejos. Escapó pero está a punto de ser devuelta sus captores. Cuenta las horas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche mientras un juez decide si concederle el período de reflexión tras la denegación de la Delegación del Gobierno.
La organización Women's Link -una organización internacional para la defensa de los derechos de las mujeres- se encarga de su caso desde hace dos semanas. Ya llevaba 40 días internada en el CIE. No quieren que trasciendan muchos datos sobre su identidad por temor a represalias.
LA LEY DE EXTRANJERÍA
Es una mujer joven, sudamericana y aterrada por el regreso a su país. La Policía Nacional la detuvo por infracción de la Ley de Extranjería y la trasladó al CIE.
Allí iniciaron el protocolo para las mujeres que alegan ser víctimas de la trata. "Algo que ya es importante porque antes no era lo habitual", apunta Gema Fernández, abogada de Women's Link. Ese protocolo comprende un período de reflexión de 45 días, precisamente para evitar que este tipo de casos ocurran.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha emitido un informe negativo sobre el caso, alegando que "no hay motivos razonables para considerar que se trata de una víctima de trata". Según señalan desde Women's Link, el fallo no se encuentra debidamente motivado. "La Delegación no valora los indicios", asegura Fernández. Y dice que tampoco se explica la decisión: "Necesitamos que se explique su criterio para poder ver si sus razones se ajustan a derecho", afirma.
La falta de razones ha llevado a la organización a emitir un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la delegación, que ha sido admitido a trámite. Sin embargo, para cuando se resuelva, los captores de esta mujer pueden haber impuesto ya su propia justicia en el país de origen.
El tiempo mínimo de resolución de estos recursos suele ser de dos años, según señalan desde Women's Link. Demasiado tiempo para las víctimas.
El juez desestimó las medidas cautelarísimas de urgencia para evitar la expulsión, pero Fernández respondió con una maniobra judicial inédita: aplicar la concesión de medidas cautelares positivas, como se ha hecho en otros casos con el permiso de residencia. Ahora esperan la resolución judicial.
Mientras tanto el tiempo se agota. Cada día puede ser el último. Para la víctima se ha iniciado el proceso de expulsión dos veces. En la última opuso una gran resistencia física. Se autolesionó con cortes en los brazos para evitar ser devuelta a su país. La idea le aterra. No teme sólo por ella, también por la integridad de su familia.
Ella está dispuesta a colaborar con las [...]
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