Urdangarin y Torres no pagan los 8,2 millones de fianza impuestos por el juez Castro

Feb 7, 2013 | 20minutos

No impide que más adelante puedan depositarla, lo que paralizaría el proceso de embargo de los bienesDe esta forma, si bien en la mañana de este jueves se efectuará una nueva comprobación en la cuenta del Juzgado así como en el de guardia de la capital balear, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma podrá iniciar en breve los trámites para embargar los bienes de ambos encausados, quienes deberán designar los mismos hasta cubrir la caución fijada por el magistrado.
En cualquier caso, fuentes judiciales han precisado a Europa Press que el hecho de que haya expirado el plazo para abonar la fianza, no impide que más adelante puedan depositarla, lo que paralizaría el proceso de embargo de los bienes.
Se trataba de una cantidad a la que deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria los dos encausados, lo que significa que cada uno podrá abonar de forma desigual su parte o que sólo uno de ellos aporte la cantidad global, siempre que se asegure que serán depositados los 8,2 millones o los bienes por ese valor. Precisamente este martes el abogado de Urdangarin presentó un recurso contra el pago de dicha fianza, aunque este no paralizaba la obligación de entregarla en el juzgado de Palma.
El juez reprocha en su auto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana En su auto de responsabilidad civil, el juez José Castro afirmaba sin embargo que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
En una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".
De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma aseveraba que los responsables de las instituciones balear y valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los [...]

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