Venezuela: Ley de Tierras Vs Ley de Reforma Agraria

Ene 18, 2006 | Noticias


Venezuela: Ley de Tierras Vs Ley de Reforma Agraria

Arelis Guaramato de Avella

Actualizada: 18/01/2006

La invasiones o apropiaciones ilegales de la propiedad privada que se han dado recientemente en Venezuela, toman de nuevo el escenario publico y ponen de manifiesto la gran problematica de la tenencia de tierras en el pais.

La noticia  de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, entregó los títulos colectivos de tierras y hábitat a miembros del grupo étnico Kariña  en el 2005, en los estados Anzoátegui y Monagas, refleja el proceso de reivindicar  los derechos de la tierra,  establecidos en los artículos 306 y 307 de la Constitución Nacional, así como también el mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina y rural, establecidas en la Ley de Tierras.

El problema de la tenencia de la tierra  afecta a la mayoría de los países de América Latina, y según  los datos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) donde se informa  que en nuestros países se sufre de una grave  crisis de la tierra, donde el 38% de la población rural de América Latina y el Caribe esta constituida por pequeños propietarios; el 31 % por trabajadores sin tierras;  el 27.1% por grupos étnicos   y  el 5% por pequeñas comunidades de pescadores artesanales.

 

En  el caso de Venezuela   según el censo agrícola de 1998, elaborado por el actual Instituto Nacional de Estadísticas (INE),  el 5% de los propietarios agrícolas acaparan el 75% de las tierras. Señalan además que las fincas con 50 hectáreas o menos ocupan en total unas 3,2 millones de hectáreas, lo que significa que el 8,3 millones de hectáreas están en manos de personas que no están sujetas a la reforma agraria, y que  menos del 30% de los que recibieron tierras han podido legalizar sus títulos de propiedad o contar con algún documento legal que los respalde.

 

 Por otro lado, sólo el 7% de los parceleros beneficiados con tierras han tenido créditos oficiales y apenas el 17% ha contado con asistencia técnica. Como nota interesante a estos hechos sólo 4,2% de las tierras en Venezuela están cultivadas, mientras que sin utilizar  son alrededor de unos 30 millones y el  70 por ciento de las tierras – de 31,2 millones de hectáreas- han estado  en posesión del 3% de los propietarios del sector agrícola.

 

Las cifras del viejo Instituto Agrario Nacional (IAN) señaló que durante su vigencia repartió 11,5 millones de hectáreas entre 230.000 familias, lo cual representa un promedio de 44 hectáreas por familia. Esto significó que el 72% de las tierras entregadas por el IAN en sus 40 años de historia, no favoreció a los pequeños agricultores, y por ende de los beneficiarios de la reforma agraria. 

 

Dentro de las dificultades encontradas  que impidieron que se ejerciera La ley de Reforma Agraria se puede citar  el caso de la incapacidad de las instituciones del Estado para garantizar la seguridad en la tenencia y por tanto el acceso a las políticas crediticias. Debido a estos problemas de titularidad de la tierra,  la falta de control, registro y regulación de la propiedad,-por parte del Estado- ha sido el causal de expulsión  de los campesinos, aún en los casos en que éstos demuestran permanencia y usufructo durante el tiempo requerido por la ley para el reconocimiento de su derecho de adquisición, o aún cuando hayan realizado las diligencias ante las instancias respectivas.

 

Esta situación se torna  más compleja cuando comienzan a registrarse los desalojos de los campesinos y también cuando ocurren las invasiones  que se registran en nuestra historia a través del tiempo. Algunos expertos del tema  han señalado que el fenómeno de la invasión ha ocurrido también por la influencia  de los procesos de cambio políticos ocurridos en el país. Los cuales los campesinos han visto  como una posibilidad de expresar su aspiración a la tenencia de la tierra,  y han optado por invadirlas Ejemplo de  ello se puede observar con la muerte de Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935, y en la crisis política de  octubre de 1945, asi como en la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958.

 

La promulgación de la ley de tierra  y Desarrollo Agrario, como nuevo instrumento legal adaptado a las nuevas realidades del país, pretende realizar una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de tierras y su desarrollo de toda la actividad agraria. Pero la experiencia ha demostrado que la sola entrega de tierras no resuelve el problema del campo. Trabajar con un nuevo  tejido productivo, es abordar también las viejas prácticas populistas y demagógicas establecidas en las denominadas roscas de distribución y comercialización. De tal forma, siempre será necesario la revisión de las implicaciones que conlleva el contar con planes oficiales que respalden la producción agrícola del país, en un marco general de servicios e infraestructura para los habitantes de las zonas rurales.

 

  ¡Queda campo para arar para ese tan buscado cambio! 

 

 





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