Víctimas de dictaduras y regímenes de todo el mundo buscan justicia y reparación

Ene 30, 2012 | 20minutos

La dictadura de Francisco Franco duró cuatro décadas, desde 1939 a 1975. En 1977, en plena Transición, se aprobó una Ley de Amnistía, aún vigente, cuyo primer artículo incluye dentro de dicha amnistía "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976".
Tres décadas después, tras las denuncias presentadas por una veintena de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica y algunos particulares, el juez Baltasar Garzón se declaró en 2008 competente para investigar los crímenes cometidos en aquella época que no habían sido investigados penalmente en España hasta la fecha. Argumentó que eran crímenes contra la humanidad y apeló a la legislación internacional.
El juez hablaba en su auto de un "plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales)". Las desapariciones, señaló entonces, fueron sistemáticas.
Garzón ordenó certificar la muerte de varios dirigentes del régimen, incluido el general FrancoGarzón ordenó certificar la muerte de 35 dirigentes del régimen, incluida la del general Franco, exhumar restos de 19 fosas y cifró en 114.266 el número total de desaparecidos entre el 17 de Julio de 1936 y diciembre de 1951. Posteriormente, recibió un listado con más de 130.000 nombres y cifró en 30.000 el número de niños robados durante la dictadura. En octubre de 2007 el Congreso aprobó la Ley de Memoria Histórica.
Entre otras cosas, el texto declara ilegítimos los juicios franquistas, garantiza el acceso a los archivos públicos, mejora las indemnizaciones y pensiones para las víctimas, crea un protocolo para las exhumaciones y establece la elaboración de un mapa de fosas comunes que, a día hoy, contabiliza 2.560 restos totalmente exhumados. La ley fue cuestionada por asociaciones y algunos partidos.
En abril de 2010, un mes antes de que el Consejo General del Poder Judicial suspendiera al juez Garzón -que está siendo juzgado ahora en el Tribunal Supremo- por investigar los crímenes del franquismo, se recibió la primera denuncia de familiares de víctimas de la dictadura en Argentina, que se amparaba en la justicia universal.
Menos de un mes antes de que muriera Manuel Fraga, en diciembre de 2011, la jueza argentina María Servini solicitó información sobre los ministros de la dictadura.
Durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 se cometieron delitos de lesa humanidad, según han determinado después varios procesos, que no fueron declarados imprescriptibles por la Corte Suprema hasta 2004. Las leyes del perdón -Punto Final y Obediencia Debida- habían impedido durante los primeros años de democracia que la justicia actuara con todas las consecuencias contra los autores de los crímenes.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que creó en 1983 el presidente Raúl Alfonsín, estableció en 8.960 el número de desaparecidos forzosos en el Informe Sábato y propició los primeros juicios contra las Juntas Militares, incluido el primero al comandante Jorge Videla, que después ha sido procesado en más ocasiones.
Solo para 2012 hay previstos en el país once juicios orales por delitos de lesa humanidadLa ONU ha declarado 3.288 casos no resueltos desde 1980, según el informe 2010 del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas. No obstante, organizaciones y asociaciones de derechos humanos aumentan a 30.000 la cifra de desaparecidos en más de 600 centros de detención clandestinos. La última fosa común fue hallada en diciembre de 2011, en Tucumán, con los restos de al menos 15 personas.
Solo para 2012 hay previstos en el país once juicios orales por delitos de lesa humanidad, según datos del Centro de Información Judicial argentino. Por otro lado, se ha reanudado la causa por el robo sistemático de bebés. En 2011, se dictaron 84 condenas por delitos cometidos durante la dictadura, lo que elevó el total de condenados a 269, mientras aún hay 843 bajo proceso judicial.
Algunos de los procesos de los últimos años han tenido lugar en España -Adolfo Scilingo, condenado en 2005 por la Audiencia Nacional-, Italia, Alemania y Francia. Asociaciones como la de las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo han sido fundamentales en la preservación de la memoria histórica. El Gobierno argentino, por su parte, aprobó leyes de reparación y creó un Archivo Nacional de la Memoria, entre otras cosas.
En 1973, tras un golpe de Estado, se instauró un régimen militar, con el comandante Augusto Pinochet al frente, que duró hasta 1990. Durante todo ese tiempo y según un informe oficial de 2011, la cifra total de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, víctimas de violencia política, torturados y presos políticos asciende a más de 40.000. Depués llegó la transición democrática.
Desde que se pusiera en marcha la Comisión Rettig en 1990, hasta cuatro comisiones y una Mesa de Diálogo de Derechos Humanos han investigado y trabajado por el reconocimiento de las víctimas. La última comisión recibió 622 solicitudes de calificación sobre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y 31.831 solicitudes de calificación sobre víctimas de prisión política y tortura.
Naciones Unidas, por su parte, maneja el dato de 806 casos de desapariciones forzadas sin resolver.
La última condena ha sido en enero de 2012: un juez chileno dictó prisión para cinco exagentes del régimen por secuestroEn 1998, el juez Baltasar Garzón unificó en una causa las investigaciones que llevaba a cabo en España sobre desparecidos en Argentina y Chile y logró la detención de Pinochet en Londres por cargos de genocidio, terrorismo y tortura. Desde ese momento, el dictador acumuló más de 300 querellas y fue desaforado 14 veces. El Reino Unido denegó su extradición en 2000.
Pinochet falleció en 2006 mientras era procesado por la Caravana de la Muerte, la Operación Colombo y el caso Riggs. Posteriormente, se han celebrado procesos contra decenas represores de la dictadura por casos concretos. La última condena ha sido en enero de 2012: un juez chileno dictó prisión para cinco exagentes del régimen por el secuestro, en 1976, de tres opositores en Colonia Dignidad.
La Corte Suprema de Chile se ha impuesto un plazo máximo de dos años -hasta 2014- para cerrar todas las causas de violaciones a los derechos humanos que están pendientes, con la consiguiente protesta de las víctimas. Las investigaciones del caso Caravana de la Muerte y las operaciones Cóndor y Colombo siguen en curso, así como las de la muerte del cantautor Víctor Jara y otras.
Según fuentes judiciales, en los últimos años se han recibido cerca de 700 procesos relacionados con delitos de tortura, todos ocurridos bajo la dictadura. Por su parte, el Gobierno de Sebastián Piñera anunció su intención de cambiar en los libros de texto de enseñanza básica el término "dictadura" por el de "régimen militar" para referirse a la etapa entre 1973 y 1990. La decisión se rectificó hace pocos días.
El Gobierno de Chile ha impulsado leyes de reparación y beneficios -entre 1996 y 2008 destinó más de 1.600 millones de dólares a conceder pensiones, según el International Center for Transitional Justice (ICTJ)- y la creación, entre otras cosas, de un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Aunque las sentencias de los jueces no aplican la Ley de Amnistía de 1978, esta sigue vigente: el Comité Contra la Tortura de la ONU recomendó su derogación en 2010.
Entre 1973 y 1985 hubo una dictadura militar. Hasta octubre de 2011 la Cámara de Representantes uruguaya no declaró imprescriptibles los delitos cometidos durante ese período: aprobó un proyecto de ley para dejar sin efecto la ley de Caducidad, vigente desde marzo de 1985 y que impedía juzgar las violaciones de los derechos humanos y obligaba a [...]

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